Foto referencial. Estudiantes y docentes protestan por el recorte para universidades anunciado por el Gobierno. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
Con la fecha de hoy, miércoles 13 de mayo del 2020, la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Ambato, resolvió conceder el pedido de medida cautelar de la Universidad Técnica de Ambato (UTA). Es decir, la suspensión provisional y de forma inmediata de los efectos de las disposiciones emitidas por el Ministerio de Finanzas y por la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), contenidas en la circular MEF-VGF-2020-0002-C, del 9 de abril. Así como la circular MEF-VGF-2020-0003-C, del 16 de abril. Y el documento identificado como “comprobante de modificación presupuestaria, con el código 176-0000-0000, del 30 de abril.
Galo Naranjo, rector de la UTA y presidente de la Asamblea de la Educación Superior, comentó a EL COMERCIO que se encuentra satisfecho porque “se suspendió el recorte a nuestra universidad. Era una reducción de USD 3 900 000, lo que perjudicaba el derecho a la educación de 18 000 alumnos, así como atentaba contra el derecho al trabajo de 850 maestros”. La asignación estatal del 2020 era de alrededor de USD 36 millones.
En el documento se reitera que “estas medidas cautelares constitucionales son de obligatorio cumplimiento. De acuerdo a lo previsto en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, esta decisión no constituye prejuzgamiento sobre la declaración de la violación del derecho constitucional ni tendrá valor probatorio en el caso de existir una acción por violación de derechos”. También se solicite que se notifique del contenido de la resolución al peticionario, al Ministerio de Finanzas y Economía, a la Secretaría de Educación Superior, a través de sus personeros. En virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Procuraduría General del Estado, notifíquese al Procurador General del Estado, por intermedio del Director Regional de la entidad.
Estudiantes de distintas universidades públicas protestaron por el recorte presupuestario anunciado por el Gobierno. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO.
El primer día de mayo, los rectores de 32 universidades públicas del país se enteraron por sus directores financieros de un nuevo recorte, en este año. Por lo que pidieron abrir el diálogo al Ministerio de Finanzas. Universidades como la Central mantienen suspendidas las matrículas porque tienen un déficit de USD 11 millones; pese a los ajustes aún persiste el hueco presupuestario de más de 6 millones. Ese centro de estudios acudirá a la Corte Constitucional. No es la primera acción que se presentará en esa instancia, hay otras tres, una de parte de las instituciones de educación superior cofinanciadas, que arrastran retrasos en los desembolsos estatales.
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