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Estudiantes del colegio Dillon piden a autoridades que confíen en ellos

Marcha de los estudiantes en respaldo a su compañera víctima de violación. Foto: EL COMERCIO

El caso de violación a una alumna fiscal en el transporte escolar ha sacado toda la indignación y el coraje de los estudiantes secundarios. Por segundo día consecutivo, este miércoles 27 de abril salieron a pedir justicia por su compañera y a gritar por sus derechos. Su silencio no es una opción: “somos el grito que intentaron callar”, aseguran. 

La noche del martes, además de confirmarse la salida de la rectora del plantel y luego de haberlo negado, la ministra de Educación, María Brown, reconoció que se actuó con negligencia frente a la violación de la estudiante. Pero el problema no queda ahí. Los jóvenes tienen otras exigencias. 

Este miércoles llegaron con sus pancartas y globos hasta la Cartera del ramo. Se sienten desatendidos desde hace mucho tiempo, aseguró el viceministro de Gestión Educativa, Andrés Chiriboga, tras una reunión mantenida con representantes de colegios de Quito. 

Uno de los pedidos de los alumnos fue que se seleccionen autoridades que confíen en ellos, que crean en su palabra. Así esperan no ser doblemente víctimas como la joven de 14 años, que no recibió la atención adecuada tras haber sido violada. 

Del caso más reciente, el Viceministro señaló que queda un aprendizaje: el protocolo no agota las responsabilidades de los funcionarios públicos. “Si se realizaron las llamadas a tales horas, en tales momentos, eso no es suficiente para reparar el dolor de la familia”. Además reconoció que “nuestras instituciones educativas deberían ser algo que no están siendo y que tenemos que trabajar mucho”. 

Así debe ser la actuación 

El documento denominado Protocolos y rutas de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo es claro y de cumplimiento obligatorio. En él consta que la detección permite conocer e intervenir oportunamente  y que toda la comunidad educativa es responsable de identificar posibles situaciones de violencia. 

Además se especifican indicadores que se pueden presentar en niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de un hecho como el ocurrido el jueves pasado. El primero es el relato directo o indirecto de ser o haber sido víctima de violencia sexual, se lee en el protocolo. 

En el caso de niños y niñas menores de 5 años, los lineamientos a seguir establecen que se debe prestar mayor atención a las expresiones lúdicas (juego y dibujo) implícitas en el lenguaje oral. Esto, de acuerdo con el nivel de desarrollo propio de la edad. 

Cuando las instancias competentes tienen conocimiento de un hecho de violencia, es fundamental que se emitan las medidas de protección inmediatas para proteger a la víctima de la situación de violencia que ha vivido. Además, detener dicha situación para que no vuelva a suceder y prevenir que el daño ocasionado sea mayor, dice el documento. 

Asimismo, la reforma a Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) incluye en su octavo capítulo todo lo referente a la prevención, atención, exigibilidad y reparación de la violencia en el contexto escolar. La inmediatez, dice la norma, será proporcionalmente aplicada a la gravedad del bien jurídico protegido, considerando principalmente casos de violencia sexual, acoso escolar o discriminación. 

La labor de la institución 

El papel de la escuela es identificar patrones y conductas para intervenir a partir de protocolos, señala el psicólogo Martín Ramírez. Cuando existe una situación de violencia, sostiene, hay que brindar a los estudiantes víctimas un espacio de seguridad y contención. 

Además, señala que es necesario supervisar que se cumplan las medidas de protección y que se generen espacios de reflexión y restauración de derechos en las aulas. Esto, acompañado de un seguimiento continuo. 

En el caso que conmociona al país en estos días, el Ministerio reconoció que nada de eso se cumplió. No se brindó el acompañamiento psicológico y socioemocional a la estudiante y se privilegió la imagen de la institución por sobre la víctima, entre otras negligencias.