Cuando Jaqueline Changoluisa, de 24 años y oriunda de Sigchos (Cotopaxi), salió del colegio, no continuó
sus estudios superiores. Prefirió trabajar, ya que su situación económica era complicada.
“Me dediqué a los quehaceres domésticos en una casa; no veía oportunidades para entrar a la universidad pública”.
Los puntajes para ingresar -cuenta- eran altos y había mucha competencia, en especial, en sus carreras favoritas: medicina y psicología.
Por eso, durante ese tiempo buscó opciones y apuntó a una beca en un establecimiento privado, específicamente, un cofinanciado.
Se conoce con este término a los centros de educación superior particulares que reciben asignaciones y rentas del Estado. Estos fondos son destinados a becas para los chicos, desde el inicio de sus carreras, según la Ley de Orgánica de Educación Superior vigente.
En el país hay ocho establecimientos catalogados como tal. Son la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), la Católica de Cuenca, la Católica de Santiago de Guayaquil, la del Azuay, la Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, la Politécnica Salesiana, la Técnica Particular de Loja y la UTE.
Además, hay 20 planteles particulares autofinanciados. Es decir, gestionan sus recursos propios. Ellos también están obligados a ofertar becas: 10% del número de alumnos.
El lunes, los ocho establecimientos mencionados emitieron un comunicado en el que se detallaba la reducción de más de USD 12 millones en estas ayudas. “Hemos pasado de recibir el 10% de una fuente alimentada por una parte del IVA (Impuesto al Valor Agregado), en el 2011, al 3% el año pasado y finalmente al 0% el día 18 de agosto del 2021”.
Esto generó preocupación en Jaqueline. Ella accedió a una beca para estudiar medicina en la UTE. En esta institución, de los 6 960 jóvenes, 2 147 reciben estas ayudas económicas. Es el 31% del total.
Sin ese monto -anota- no hubiese logrado seguir una carrera para mejorar su vida y la de su hijo Leandro, de 7 años.
“Cuando escuché la noticia del recorte en el presupuesto para las becas me asusté mucho. No podría pagar la universidad. Ya no tengo trabajo”.
Bryan Torres, de 21 años, y Byron Cárdenas, de 24, también se preocuparon ante la posibilidad de quedarse sin sus becas parciales.
Ellos estudian psicología clínica en la PUCE y accedieron al beneficio debido a su discapacidad. El primero perdió sus brazos, años atrás; mientras que el segundo tiene epilepsia.
“Entrar a una universidad pública es más complejo, porque hay más personas que apuestan por un cupo. Por lo que si quitan este beneficio nos afectará”, comenta Bryan.
La PUCE emitió un comunicado en donde se aclara que se mantendrán las ayudas económicas a los estudiantes.
En Quito, 3 635 alumnos se benefician con fondos estatales; asimismo, todos los 12 263 chicos inscritos en el 2020 recibieron al menos una beca del 10%, como parte de la ayuda entregada por la pandemia.
Para Alejandro Ribadeneira, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), la entrega de recursos estatales a las privadas genera más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿por qué se debe entregar los fondos a los privados? o ¿por qué solo a ocho?
Sin embargo -dice- cumplieron con la ley y en este año entregaron USD 39 millones. Esta cifra es menor a la que recibieron el año pasado: cerca de USD 52 millones. “Con la diferencia pudimos abrir más cupos en lo público”.
En estos tres meses de gestión, el número de plazas aumentó. Pasó de 90 000 a
118 000. Es decir, el 31% de incremento. “Cuando los recursos son insuficientes, debemos actuar con responsabilidad”.
Ante esa realidad, planean cambios en el modelo de educación superior. Para ello se reunirá con todas y cada una de las universidades para elaborar una propuesta. “Será más eficiente”, puntualizó.
Pedro Romero, director de la maestría de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, coincide en que en estas épocas se debe priorizar el gasto en algunos sectores.
En este caso -señala- no se hizo una reducción a educación superior, sino a un rubro destinado a las privadas. “Se hizo una redistribución acertada para lograr gastos eficientes. Solo así bajará el déficit”.
En países europeos, como Francia o Suecia, los centros públicos de educación realizan alianzas con las empresas privadas para subsistir.
Además, tienen altos estándares de calidad que les permiten competir con otros establecimientos. Así acceden a más fondos. “Estos modelos son aplicables y funcionan para la realidad ecuatoriana”.
Para Iván Sisa, experto en políticas públicas, si el Gobierno quiere fortalecer la educación pública, primero debe apostar a la calidad. “En lo público se debe mejorar las condiciones. La infraestructura y la oferta académica son dos situaciones que deben renovarse”.