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Escuela rural en Pifo hace diagnóstico para el regreso a las aulas

Alumnos de la Escuela Carlos Vallejo, de la comunidad Coniburo, cerca de Pifo

Alumnos de la Escuela Carlos Vallejo, de la comunidad Coniburo, cerca de Pifo

Alumnos de la Escuela Carlos Vallejo, de la comunidad Coniburo, cerca de Pifo. Foto: Julio Estrella / El Comercio

A dos metros de distancia entre sí se ubican los pupitres de seis niños de quinto, sexto y séptimo de básica. Eso se observa en una de dos aulas habilitadas en la Escuela Fiscal Carlos Vallejo Guzmán, de 600 m². Está en Coniburo, cerca de Pifo. 

Con su mascarilla puesta, los alumnos de esta zona rural, a unos 30 kilómetros de Quito, repasaban las multiplicaciones el miércoles.

Este es uno de los seis centros públicos que aplican su plan de retorno progresivo a las aulas en la capital. Como ocurre en todo el país, los colegios fiscales que han vuelto son de zonas rurales.

Tras siete meses de estudiar en casa, Denise, de 11 años, cuenta que su rutina se volvió aburrida. “Para aprender, nosotros necesitábamos venir a la escuela”.

Once de 12 familias de la comunidad decidieron enviar a sus hijos los lunes, miércoles y viernes, de 07:30 a 11:30. Los otros días, señala la líder educativa del plantel, Diana Bastidas, mandan tareas por WhatsApp, como lo hacían antes del retorno. “Aprovechamos el tiempo que ellos están aquí para explicarles mejor (los contenidos)”.

Los primeros días de regreso a la escuela multigrado aplicaron una prueba de diagnóstico a sus alumnos, señala Bastidas. Así supieron desde dónde partir. “En matemáticas retomamos clases que ya habíamos dado”.

Con sus chicos de segundo, tercero y cuarto de básica, la docente Gabriela López reforzó temas de lectura y escritura. “Tuve que recordarles a los de segundo, cosas que vimos en primero”. Tras casi un mes, cuenta, ya avanzan en los contenidos.

En Quito hay, además, otros siete planteles particulares que volvieron a clases desde la última semana de septiembre. Otros siete centros esperan la aprobación del COE; uno de ellos fiscal rural, ninguno urbano.

Ese tipo de instituciones todavía trabaja en su Plan Institucional de Continuidad Educativa (PICE), dijo la subsecretaria de Educación de Quito, Yolanda Villalba.

Al contar con cientos y miles de alumnos, la mayoría plantea regresar con tutorías de refuerzo académico para quienes tienen necesidades educativas especiales. Otros identificaron a chicos con problemas de violencia en el entorno familiar.

De la realidad de cada centro -indica Villalba- dependen el aforo, la capacidad física y el acuerdo con los padres de familia. El PICE implica un proceso alternado entre la casa y la escuela.

Esa nueva rutina le ha permitido a Bertha Tipantiza trabajar la tierra y ocuparse de sus animales con más tranquilidad. Antes debía recibir los deberes en el teléfono, revisarlos e ir a casa de su hermana que tiene Internet para enviarlos, cuenta la madre de familia de Coniburo.

Antes del retorno -señala- enseñó a su hija los cuidados que debe tener por la pandemia. “No llevan lonchera, van bien comiditos el desayuno”.

En total, 72 estudiantes fiscales han vuelto a sus escuelas en la urbe. Cumplidos 60 días, dijo la Subsecretaria, se podrán ampliar el número y los días y horas de asistencia.

A la Escuela Básica Condorazo, por ejemplo, asisten una vez cada 15 días, de 07:00 a 14:00. Es unidocente y tiene siete estudiantes, está en la comunidad Los Reales, a una hora y media de Calacalí.

El docente y líder, Carlos Aguirre, se moviliza desde San Antonio de Pichincha y sus alumnos, desde cerros cercanos, a caballo o en moto; viven a 15 o 20 minutos.

Con las fichas pedagógicas, señaló el maestro, el aprendizaje no era completo para los niños. Con clases presenciales ha visto un cambio en ellos, luego de reforzar sobre todo la lecto-escritura.

Según una encuesta en línea realizada en octubre por Unicef, a 153 237 estudiantes de 10 a 19 años, el 61,2% cree que aprende menos desde el cierre de las escuelas.

Paola Jácome, coordinadora de Educación de Grupo Faro, dice que el retorno podría garantizar la continuidad educativa. Y se reducirían cifras de trabajo infantil y de abandono escolar. También situaciones de violencia doméstica, agudizadas por el confinamiento. Pero es “insuficiente la infraestructura del sistema fiscal, tras la llegada de 200 000 alumnos de los privados, por la crisis causada por el covid”.