¿Qué derechos de las niñas se vulneran en Ley de aborto por violación?

Imagen referencial. La Corte Constitucional suspendió la vigencia de tres literales que se encuentran en artículos de la Ley de aborto por violación. Foto: archivo / EL COMERCIO.
La Corte Constitucional suspendió de manera temporal la vigencia de tres literales que constan en tres artículos de la Ley de aborto por violación. Las nueve madres que presentaron la demanda de inconstitucionalidad buscan que las niñas y adolescentes no necesiten autorización de sus representantes legales o de terceras personas para acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo, en caso de haber sido víctimas de violación.
El auto de admisión de la demanda presentado por la Corte señala los argumentos que las accionantes presentaron, por sus propios derechos y en representación de sus hijas. Las madres dijeron que las disposiciones impugnadas transgreden los artículos de la Constitución señalados en el párrafo 5 supra y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Esto, debido a que limitan el consentimiento de las niñas y adolescentes que han sufrido una violación y las obligan a que sigan con un embarazo no deseado por voluntad de sus representantes legales. Sostienen que eso revictimiza a las niñas y adolescentes y constituye una vulneración múltiple a sus derechos.
La norma debía prever mecanismos adecuados y confidenciales para que las víctimas puedan realizar su denuncia, examen médico, declaración jurada o lo que corresponda conforme se determine normativamente, dicen las accionantes. Esto, en los casos en que los victimarios ejercen poder sobre las víctimas o que incluso son sus representantes legales.
Realidad que viven niñas y adolescentes
De acuerdo con el documento en el que la Corte informó su decisión, las accionantes detallaron estadísticas sobre el número de violaciones y embarazos forzosos de niñas y adolescentes en Ecuador. Además sostuvieron que en este grupo poblacional corren un grave riesgo de ser víctimas de abuso sexual.
Las madres señalaron, además, que la maternidad libre y deseada debe ser un derecho y no una suerte. "El Estado es responsable cuando criminaliza, prohíbe u obstaculiza que la víctima de una violación pueda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo al no darles autonomía ni potestad de decidir sobre su cuerpo en ciertos casos", dijeron.
En sus argumentos, las madres sostienen que, al mantenerse la vigencia de las normas acusadas habría consecuencias graves. Señalaron que niñas y adolescentes víctimas de violación que no cuenten con el consentimiento de sus representantes legales podrían ser forzadas a mantener sus embarazos.
Además alegan que los embarazos de niñas y adolescentes, producto de violaciones, no son hechos aislados en el país. Por ello, señalan que se cumple con el elemento de ser un asunto creíble o verosímil. Además indican que el asunto es de gravedad por los impactos que se generan a la integridad personal de las víctimas por un embarazo forzoso. Y que "el daño es inminente por el corto plazo que establece la Ley" (12 semanas) para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo.
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