Un caso muestra una fisura en el coleccionismo arqueológico
La colección de Plaza Febres Cordero se exhibió durante 10 años en el Museo Nahim Isaías, de Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
A lo largo de 30 años, Luis Plaza Febres Cordero asegura haber conformado una colección de 9 300 piezas arqueológicas centradas en las culturas precolombinas de la Costa ecuatoriana. Añade que, de ese número, 3 000 habrían sido robadas en el 2009, deledificio Equinoxcorp, cuando estaba bajo custodia de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
Como director del Museo Nahim Isaías, Plaza Febres Cordero expuso por 10 años su colección en el sitio guayaquileño hasta poco después del feriado bancario, cuando la institución pasó al Banco Central del Ecuador y le pidieron retirar las piezas del repositorio.
Fue cuando su hermana, casada con Roberto Isaías, le ofreció el último piso del edificio Equinoxcopr para almacenar los objetos.
Según un documento notariado al que accedió este Diario, el 10 de septiembre del 2003 se certifica la autenticidad de un colección de 7 587 piezas a nombre de Plaza Febres Cordero.
El otro documento oficial que existe es el Inventario de Emergencia Patrimonial realizado en febrero del 2009 por técnicos de la Espol que establece una colección con 7 589 bienes. En este último se recomienda trasladar la colección a un contenedor más seguro.
Desde el robo en el 2009, Plaza Febres Cordero presentó varias causas judiciales para recuperar las 6 064 piezas de su colección que constan en el inventario del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), en el 2013. La última acción judicial finalizó el lunes pasado. Ahí, la jueza María Gabriela Mayorga desestimó su apelación a favor del INPC.
En el documento judicial, con fecha del 17 de enero del 2018, Plaza Febres Cordero solicitó la restitución a su favor de las 6 064 piezas arqueológicas como legítimo custodio y propietario de la colección.
En una entrevista con este Diario, el médico dermatólogo guayaquileño reconoció que parte de su colección es el resultado de la compra a otros coleccionistas y a huaqueros. “Desde niño -dice- fui un apasionado de la arqueología. Participé en excavaciones con arqueólogos como Presley Norton”.
Joaquín Moscoso, director del INPC, explica que durante muchos años el coleccionismo fue una salida para que muchos bienes arqueológicos no salgan del país, pero también para que se propicie el saqueo de los sitios arqueológicos. “Lo que hacían los huaqueros era sacar los objetos de estos lugares y venderlos o canjearlos con los coleccionistas”.
La tenencia y propiedad de los bienes arqueológicos se comenzó a regular desde 1979, cuando se expidió la Ley de Patrimonio Cultural (que estuvo vigente hasta diciembre del 2016).
En el artículo 9 se establecía que el Estado se hace y es dueño de los bienes arqueológicos que se encontraren en el suelo, subsuelo y en el fondo marino del territorio ecuatoriano.
No obstante, el dominio que tuvieran instituciones públicas o privadas, comprendiendo a las sociedades de toda naturaleza o particulares y que el dominio exclusivo del Estado se extiende a los bienes mencionados con anterioridad a la vigencia de la Ley.
Moscoso aclara que lo que buscaba esta norma, al igual que la que existe en la actual Ley Orgánica de Cultura, es regular el coleccionismo.
“Es importante que se entienda que no se está persiguiendo a los coleccionistas. Lo que queremos es que sepan que hay una ventana de carácter legal para que puedan ser tenedores de bienes arqueológicos”, dice.
Con respeto al supuesto robo de las piezas arqueológicas, que según el INPC sumarían 1 525, Moscoso señala que es importante que continúen las investigaciones policiales sobre la pérdida de estos bienes, en los que ya ha trabajado la Policía Patrimonial.
El problema -dice- es que no existe un registro fotográfico ni una ficha técnica de los bienes que fueron robados.
El dermatólogo negó haber reclamado USD 95 millones, como valor estimado de la colección que está en juicio, pero sí busca resarcimiento económico por una colección que le costó dinero y 30 años de su vida. No le interesa que le devuelvan lo que queda de la colección, aunque fuere con la figura de tenedor. “Las colecciones son indivisibles. Mi colección ya no es tal al faltar sus piezas principales, una pérdida irreparable para el país”.
Moscoso cuenta que al caso de Plaza se suma el de un coleccionista de Tulcán. “Este es diferente porque se establecieron indicios de responsabilidad penal porque se estaba comercializando con los bienes arqueológicos”.
Después de que terminen los procesos judiciales, las 6 064 piezas -en custodia del INPC desde el 2012- pasarán a manos del Ministerio de Cultura y Patrimonio para su exhibición.
