Carina Vance: ‘No vamos a trabajar con clínicas que amenazan a pacientes’
Carina Vance, ministra de Salud, habló sobre la deuda que mantiene el Estado con algunas clínicas privadas. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
Durante una visita a Guayaquil, la ministra de Salud, Carina Vance, reconoció que el Gobierno tiene una deuda con las clínicas privadas que dan el servicio de diálisis y hemodiálisis en Guayaquil.
Esta situación generó la protesta de familiares y pacientes. El martes 6 de octubre del 2015 realizaron un plantón en los exteriores del edificio del sector social José Joaquín Gallegos Lara. Según los prestadores externos, el Ministerio de Salud no realiza los pagos desde mayo.
Y advirtieron que tendrían insumos solamente para dar atención en los próximos 15 días, debido a la falta de recursos para adquirir nuevos materiales.
La mañana de este miércoles 7 de octubre, Vance explicó que están trabajando con el Ministerio de Finanzas, revisando los procesos para agilitar el pago. Pero también dio una severa advertencia.
“En efecto, ha habido un retraso, nosotros estamos conscientes de eso, estamos resolviendo los procesos. Lo que sí me permito decirles es que no vamos a trabajar con clínicas que amenazan a pacientes”, dijo luego de una recorrido por la maternidad Matilde Hidalgo de Procel, ubicada en el Guasmo, al sur de la ciudad.
Además informó que ayer (6 de octubre) interpusieron “una medida cautelar por la amenaza que han recibido los pacientes por parte de esas clínicas”. Y que los primeros pagos se harán hoy.
El martes, luego de una reunión entre pacientes, proveedores del servicio y autoridades de la zona 8 de Salud, se informó que hasta mañana se cancelará el mes de mayo. Sin embargo, no quedó claro cuándo pagarán el resto de la deuda.
Gino González, coordinador de los 24 prestadores externos de la zona 8, aclaró que no están amenazando a los pacientes. “Solo hemos comunicado a nuestros usuarios que en un momento, que no quisiéramos que ocurra, y que puede ser no más allá de 15 días, nuestras bodegas estarán vacías de insumos. Y así no podemos dar un servicio, porque no tenemos crédito con nuestros proveedores”.
2 600 pacientes del Ministerio de Salud, en la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), han sido derivados a clínicas privadas para su tratamiento contra la insuficiencia renal crónica. Según los prestadores, la deuda llega a los USD 20 millones.
“Creo que el problema no está en el Ministerio de Salud, porque ellos nos están dando toda la atención administrativa del caso -indica González-. El problema es mucho más arriba, con el Ministerio de Finanzas, que no asigna oportunamente los valores para esta prioridad que es la vida del paciente renal”.