Una mujer se hacía pasar por funcionaria de BanEcuador para captar posibles clientes y otorgarles supuestos créditos bancarios. El hecho se registró en Guayas.
Los robos a locales comerciales a escala nacional aumentaron en el primer semestre del 2019. El último informe del Ministerio de Gobierno muestra que en el presente año este delito se ha incrementado en un 5,4%. Pichincha, Guayas, Manabí, El Oro, Azuay, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas son las provincias más afectadas por este delito.
Los esposos Katty G. y Marcelo I. fueron sentenciados a ocho años de prisión por el delito de estafa masiva. La sentencia se dictó el sábado 24 de agosto del 2019 en Portoviejo, provincia de Manabí, en la Costa del Ecuador.
El precio de las monedas virtuales o criptomonedas se disparó los últimos meses y llamó la atención de inversionistas, empresarios, consumidores y autoridades. Pero también de estafadores. Unas 1 500 personas denunciaron una estafa masiva en nueve ciudades del país. Los perjudicados entregaron entre USD 100 y 1 000 a una red que ofrecía pagar intereses de hasta USD 3 600 en 10 meses.
Al grito de "queremos justicia", un grupo de unas 40 personas se reunió en un pequeño local del centro norte de Quito. Ellos se autodenominan "engañados por entidades públicas". Se trató de un grupo de ciudadanos que se apuntó para comprar una vivienda en el proyecto IESS-El Ejido y quienes -dicen- luego de más de seis años no han recibido el predio.
Desde Latacunga arribó a Quito un grupo de personas que, hace tres años, firmó la promesa de compraventa de departamentos, locales comerciales y sitios de estacionamiento del proyecto IESS-Ejido. Pese a que han cumplido con lo estipulado para recibir esos inmuebles, no se han entregado. Ni siquiera se ha terminado su construcción.
Los nombres, los correos electrónicos, las ofertas... todo es una fachada para enganchar a las víctimas. El mensaje siempre es el mismo: préstamos de hasta USD 10 millones, sin garantes ni hipotecas y con tasas de interés de solo el 1%.
Un grupo de 10 perjudicados del caso Proinco se reunió la mañana de este lunes 1 de agosto del 2016 para pedir a los acreedores que presenten las denuncias de las irregularidades de las firmas relacionadas con esta financiera.
Un grupo de 30 personas perjudicadas en el caso Terrabienes realizaron este viernes 15 de julio una protesta en los exteriores de la Fiscalía Provincial del Guayas, ubicada en el centro de Guayaquil, para exigir que se les devuelva el dinero invertido en el programa habitacional.
Un grupo de afectados de la cooperativa Acción Rural se encuentra la mañana de este jueves 7 de abril del 2016, en las afueras del edificio de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el norte de Quito. Ellos piden que se agilice la liquidación y entrega del dinero que ellos tenían depositado en esa cooperativa, la cual se cerró en agosto del año pasado.
Angelo Bustamante, quien trabajó 15 años en España, canceló USD 3 018 por el envío de su ‘menaje de casa’ desde Madrid a través de la empresa OGC Paquetería, acusada de estafa masiva tras el cierre de sus operaciones en Europa y Ecuador. El guayaquileño de 50 años envió sus enseres domésticos el pasado 19 de noviembre.
Estaba seguro que la maquinaria que iba a ser transportada por un tráiler, en noviembre del 2013, era suya. Oswaldo M., había pagado USD 16 500 por ese equipo de soldadura. El dinero con que canceló el costo lo obtuvo a través de préstamo a una cooperativa de ahorro y crédito, en Ambato (Tungurahua).
El fiscal Miguel Vélez pidió al Juez de Garantías Penales del Guayas que disponga la localización y captura de cinco personas que supuestamente estarían involucrados en la presunta estafa masiva de Publifast. Esta solicitud fue emitida ayer lunes 9 de junio.
Los esposos Moscoso Vásquez llevan casi un año viviendo entre el dolor y las necesidades económicas, aún habiendo ahorrado para su futuro. En junio pasado, una semana antes del cierre de la Cooperativa Coopera, depositaron los USD 65 000 de la venta de su casa.