La pareja hacía que las víctimas viajen hasta Quito. Les decían que se encontraran en el parque El Ejido, frente a las instalaciones del IESS. Foto: Archivo EL COMERCIO
Los esposos Katty G. y Marcelo I. fueron sentenciados a ocho años de prisión por el delito de estafa masiva. La sentencia se dictó el sábado 24 de agosto del 2019 en Portoviejo, provincia de Manabí, en la Costa del Ecuador.
Según información divulgada por Fiscalía, la pareja estafó a más de 30 personas, a quienes exigían entre USD 5 000 y 6 000 a cambio de falsos puestos de trabajo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Los afectados eran profesionales, entre médicos, odontólogos, ingenieros y personas a quienes se les ofrecía puestos administrativos en la institución. Los sentenciados les aseguraban que les ayudarían a ocupar supuestas plazas de trabajo disponibles en la Dirección Provincial del IESS, así como en el Seguro Social Campesino y en hospitales. Las víctimas dijeron en sus denuncias, que incluso renunciaron a sus trabajos por la falsa oferta laboral.
Los procesados fueron detenidos en octubre del 2018. Durante el operativo, la Policía Nacional y Fiscalía hallaron documentación de las víctimas y acciones de personal con el logotipo del Seguro Social.
En la audiencia de juzgamiento, los testimonios de las denunciantes coincidieron en el relato. Las personas afectadas narraron que Katty y Marcelo engañaban a las víctimas y les solicitaban que viajen hasta Quito. Ambos ofrecían que se encontrarían con los profesionales en el parque El Ejido, frente a las instalaciones del IESS. En el lugar, aparentemente, tenían previsto firmar los nombramientos de los interesados. Sin embargo, la pareja luego decía que había ocurrido un inconveniente y que no sería posible reunirse.
El fiscal Luis Cadena, encargado de investigar el caso, presentó al Juez como evidencias las conversaciones de WhatsApp que los procesados habían mantenido con los afectados. Además, expuso documentos de las acciones de personal falsas que guardaban y que empleaban para engañar a los profesionales, así como los papeles de los depósitos efectuados en la cuenta de Katty G., aunque la mayoría entregaba el dinero en efectivo.
“También se comprobó que –para enganchar a más víctimas– estas personas depositaban a los perjudicados el supuesto sueldo que iban a ganar, diciéndoles que ya estaban dentro de la institución y que solo faltaba que se les otorgue el nombramiento“, informó la Fiscalía.
El monto de la estafa calculado por la Fiscalía sería de alrededor de USD 80 000. En la audiencia, se conoció que ambos también tenían otros procesos judiciales en trámite por el mismo delito.
Katty G. y Marcelo I. fueron juzgados según el artículo 186, inciso último, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece como un delito de estafa cuando una persona “para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera”.
La sanción, según el COIP, será la pena privativa de libertad de cinco a siete años. Sin embargo, se aplicará la pena máxima de siete a 10 años de prisión cuando el procesado perjudique a más de dos personas o el monto de “su perjuicio sea igual o mayor a 50 salarios básicos unificados del trabajador en general”.