Alexis Ponce promueve la despenalizacion del cannabis para uso medicinal, terapeutico y paliativo. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La Agrupación Nacional de Pacientes y Familias Vulnerables del Ecuador denunciará ante el próximo gobierno la normativa emitida por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) para regular productos que contengan cannabis no psicoactivo.
Así lo aseguró su representante, Alexis Ponce, quien además señaló que pedirán a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional que intervenga para bloquear dicho reglamento.
“Vamos a denunciarles ante los tres candidatos finalistas y ante el nuevo gobierno para que eche abajo este proceso, sancione a quien tenga que sancionar y reforme completamente el cuadro técnico del Arcsa”.
El 10 de febrero del 2021, la Agencia emitió y publicó publicó la Normativa Técnica Sanitaria para la regulación y control de productos terminados de uso y consumo humano que contengan cannabis no psicoactivo o cáñamo y derivados.
Esta contempla los requisitos que se solicitarán a los interesados en la producción, importación, exportación o comercialización de productos terminados de uso y consumo humano, entre ellos medicamentos, productos naturales de uso medicinal u homeopáticos, alimentos procesados, suplementos alimenticios, cosméticos, dispositivos médicos, productos higiénicos de uso industrial o doméstico, plaguicidas de uso doméstico, industrial o en salud pública y productos absorbentes de higiene personal que contengan cannabis no psicoactivo.
La normativa establece que, previo a la importación o comercialización de los productos terminados de uso y consumo humano, estos deben obtener el Registro Sanitario, cumpliendo con la normativa específica para cada producto, y presentando el certificado de análisis en el cual se verifique la concentración del delta-9-tetrahidrocannabinol (THC).
Los medicamentos que contengan en su formulación una concentración de THC igual o superior al 1% serán regulados como medicamentos sujetos a fiscalización, informó la Agencia.
Además comunicó que mantendrá estrictos controles en toda la cadena de producción y distribución de productos que se acojan a esta normativa en el país para verificar que cumplan todos los requisitos establecidos y respeten las concentraciones máximas que determina la ley.
Ponce enfatizó en que esta normativa se construyó sin la participación de los directamente involucrados, que son los pacientes beneficiarios del cannabis medicinal. Esto, recordó, contrario a lo ocurrido previo a la aprobación del uso en la Asamblea Nacional en el 2019.
Entonces, según Ponce, familiares y pacientes con enfermedades catastróficas fueron convocados por la Comisión de Salud del Legislativo. 15 familias representantes de las distintas patologías acudieron para manifestar su postura. Además se manifestaron con respecto al uso medicinal del cannabis ante el Pleno.
El problema, dijo, empieza cuando pasa al Ejecutivo y luego el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Magap) emitió en el 2020 el Acuerdo Ministerial para uso del cáñamo, “invitando solo a empresarios y no a pacientes, para que al final salga un acuerdo que es exclusivamente para defender el latifundio cannábico, para quienes tengan más de dos hectáreas en el país y los enfermos quedamos por fuera”.
“Ahora anuncian su reglamento, que quieren imponer al país, sin jamás reunirse con los pacientes y familias organizados”, añade el representante de estas personas.
Ponce señaló que el 24 de diciembre del 2020 recibieron, por medio de correo electrónico, una carta del Ministerio de Salud en la que se les indicó que tienen 24 horas para subir un cuadro de Excel a una página web. Entonces pidieron ser convocados para tratar el tema, pero no tuvieron respuesta.
