El grado de doctor se ha concedido en nuestro país desde tiempos coloniales. No solo permitía el ejercicio de una profesión, como abogado médico o sacerdote, sino que daba un estatus social elevado. En la segunda mitad del siglo XX se lo concedía como habilitante para un ejercicio de una profesión (médico, abogado, odontólogo, psicólogo, etc.,), en algunos casos en unidad de acto con el título profesional propiamente dicho.
También se crearon para doctorados a quienes, luego de haber obtenido la licenciatura hacían estudios posteriores. Estos doctorados eran de diferente nivel y duración. Algunos tenían cierto componente investigativo y otros eran simplemente una continuidad de estudios profesionales. Proliferaron cuando se aceptaron como requisito para ascensos de categoría en el magisterio.
La urgencia de poner al sistema académico del país a la altura de los del exterior, y el colapso del “doctorado profesional de pregrado” o de “tercer nivel”, impulsaron los intentos de establecer en el país programas que culminaran con una titulación de nivel internacional equivalente al PhD anglosajón.
En la década de los noventa se organizaron programas doctorales propiamente dichos, que funcionaron con apoyo de universidades prestigiosas del exterior. La Escuela Politécnica Nacional fue la pionera y presentó un reglamento que fue aceptado por el Conuep. En 1998, la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador convocó a su primer programa doctoral que se inició el año 2000. Luego seguirían otros en la misma universidad. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales inició programas doctorales algún tiempo después.
El año 2000, la Ley de Educación Superior dictó por primera vez normas para el régimen académico, entre ellas, la existencia del doctorado “de cuarto nivel”, como máxima titulación en el país. Aunque se puso una norma expresa para que el Conesup regulara el doctorado, y a pesar de repetidos reclamos, por años ese organismo no dio un paso en ese sentido.
Fue en la segunda mitad de la primera década del siglo XXI que se retomó el esfuerzo por regular el doctorado. En noviembre de 2006, el Conesup dirigido por Gustavo Vega designó una comisión que, tras años de trabajo sostenido, formuló un “Reglamento de Doctorados”, que fue aprobado por el Consejo en diciembre de 2008. Allí se pusieron las bases para regular la creación y funcionamiento de doctorados en nuestro país, tratando de evitar que sucediera con ellos lo que había acontecido con las maestrías, cuya proliferación y facilidad de aprobación trajo el descenso del nivel de no pocas de ellas.
Ese reglamento está vigente y ha permitido que existan regulaciones que han preservado el nivel académico. Ahora se debe dar un paso adelante cuando el Consejo de Educación Superior discuta el nuevo Reglamento de Doctorado.