Representantes de las universidades y escuelas politécnicas, autoridades del sistema de educación superior y dirigentes de los gremios universitarios entregaron en la Asamblea Nacional un proyecto consensuado de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, a fin de que se agilite su tramitación, detenida en el ámbito legislativo por un boicot del correísmo, que parece se superará con la reorganización de las comisiones legislativas.
Esa reforma es tan urgente como importante. Desde luego que no se logrará de una cambiar toda la estructura autoritaria, clientelar anticientífica de la Ley, pero se logrará cambiar lo más urgente, para que las instituciones superiores puedan desenvolverse con autonomía y calidad.
Un elemento importante de la reforma debe ser la superación del “molde único” que se impuso, reconociendo la diversidad de las instituciones superiores, que deben funcionar y gobernarse según su naturaleza pública o particular, su ubicación territorial, su vocación nacional o internacional, el origen de su financiamiento o su infraestructura. Esto es parte esencial de la autonomía universitaria.
También es esencial desechar el sistema de evaluación y acreditación vigente, que “categoriza” a las instituciones por el número de profesores doctores, lo cual es una solemne estupidez. Debe establecerse una acreditación básica para todo el sistema y una de excelencia, de carácter voluntario para quienes prefieren dar más peso a la calidad.
Un tema central en la gestión de las instituciones es la absurda norma que los rectores y vicerrectores deben tener título de doctor para poder ser elegidos. El doctorado de investigación (PhD o DPhil, como se le llama), debe ser un título exigido para investigadores y no para la gestión directiva o administrativa. Esta norma inconsulta ha hecho estragos, ya que para cumplirla se ha desechado o se deberían desechar a excelentes rectores universitarios o politécnicos que tienen solvencia académica y experiencia de dirección, teniendo que improvisar a veces a doctores recién graduados sin habilidad ni preparación, que paralizan o caotizan las instituciones. Es evidente que haber llegado a ser profesor principal es suficiente requisito para el rectorado universitario.
El asunto de mayor incidencia es el ingreso de los bachilleres. Pero para enfrentarlo se requiere bastante más que una reforma de la LOES, puesto que depende de factores diversos, como el diseño de un sistema general de pruebas con políticas de admisión para cada institución, de una reforma la actual modalidad perversa de bachillerato que maneja el Ministerio de Educación, de una iniciativa fuerte sobre los institutos superiores y el SECAP, y de una política nacional de nivelación. Una gran tarea de Estado para el futuro inmediato.