Lolo Echeverría Echeverría

Tramitología y corrupción

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Sábado 06 de octubre 2018

Que los ministros de Estado vayan de incógnitos a realizar trámites en ámbitos distintos a los suyos, es una iniciativa que puede cambiar la historia de la tramitología en el Ecuador. Si ellos sufren la displicencia con que los funcionarios tratan a los ciudadanos y les dan a probar el “vuelva mañana” o “traiga una solicitud” o “presente los requisitos que se piden en este formulario”, puede ayudar no solo a reducir la tramitología sino también la corrupción. Ya conocemos bien que la maquinaria burocrática se atranca si el ciudadano no le echa “aceite”.

Para la tramitología hay, pues, esperanza; lo que no se ve todavía es alguna iniciativa que permita detectar y castigar la corrupción.

En materia de corrupción, todo comienza y termina con una investigación. La corrupción detectada en el Concejo Metropolitano de Quito está en investigación. Los sobreprecios que han sido denunciados, están en investigación. El tema de los diezmos en la Asamblea Nacional, en investigación. Ahora el caso de la interferencia en la justicia de una asambleísta que, aparentemente, intentaba presionar a un testigo protegido, ha pasado a una comisión de investigación.

Dilatar demasiado la investigación de los casos de corrupción es una forma de impedir que se llegue a la sanción. Las modalidades de la impunidad son tan variadas como las modalidades de la corrupción y no aparecen iniciativas capaces de impedir el desangre que provocan. La vigilancia de la prensa a los políticos solía ser un mecanismo eficiente y todavía funciona en otros países como podemos comprobar en Estados Unidos o en España. Las amenazas del poder a la prensa indican que los políticos se sienten amenazados.

Perú propuso hace algo más de un año en el encuentro de mandatarios americanos establecer mecanismos para defender la gobernabilidad democrática de la corrupción. Se establecieron grupos de trabajo para diseñar propuestas concretas para combatir la corrupción. Todavía no aparecen esas propuestas. Ecuador ha planteado la posibilidad de la denuncia anónima y la denuncia libre de inculpación. No funcionan ni siquiera a nivel municipal. Los denunciantes anónimos no sirven como prueba judicial y no resultan anónimas para los cobradores de coimas.

Las medidas no servirán si quedan fuera los organismos de control, políticos, jueces y abogados que forman parte del entramado de la impunidad y actúan como garantes de la corrupción cuando dejan libres a los que roban los dineros públicos porque comparten el botín, tienen temor o les falta capacidad y recursos. La corrupción y la impunidad solo retroceden cuando los ciudadanos no solo eligen bien a sus representantes sino que los controlan, cuando hay jueces honrados, prensa independiente y capacitada para exigir transparencia y legisladores que hacen lo que les encargó el pueblo y no se dedican a defender y proteger a los corruptos.