La minería ilegal en Ecuador exige una respuesta regional

La minería ilegal dejó hace tiempo de ser solo un problema ambiental o una actividad clandestina localizada en zonas remotas de Ecuador. Su expansión está vinculada con organizaciones criminales, rutas transfronterizas, tráfico de insumos y maquinaria, lavado de activos y comercialización ilícita de oro. Combatirla exclusivamente dentro de las fronteras ecuatorianas resulta, por tanto, insuficiente.

Las dimensiones del fenómeno explican la ofensiva estatal. Entre enero y el 10 de septiembre de 2026, las fuerzas de seguridad destruyeron 1 119 campamentos y 1 748 bocaminas vinculados presuntamente con extracción ilegal. También fueron inutilizadas 590 retroexcavadoras, 537 clasificadoras y 395 dragas. El Ministerio de Defensa calcula que estas operaciones provocaron una afectación de 4 659 millones de dólares a las estructuras criminales.

El golpe es importante, pero revela al mismo tiempo el tamaño de la economía que se intenta desarticular.

El oro resulta particularmente atractivo para las redes delictivas por su elevado valor, su facilidad de movilización y las dificultades para determinar su origen.

La exportación ilícita de oro llegó a generar más de 1 000 millones de dólares para grupos criminales, una dimensión económica que obliga a mirar más allá de los campamentos clandestinos.

Destruir maquinaria y cerrar bocaminas es indispensable, pero no suficiente. La minería ilegal funciona mediante cadenas que necesitan combustible, explosivos, mercurio, maquinaria pesada, financiamiento, rutas de transporte y canales para colocar el mineral en mercados legales. Si esos circuitos sobreviven, la capacidad de reconstruir las operaciones también permanece.

Allí adquiere importancia la cooperación regional. Ecuador y Perú mantienen una agenda bilateral contra la minería ilegal y acordaron coordinar respuestas frente al crimen organizado transnacional, incluyendo operaciones militares tipo espejo, intercambio de información y cinco áreas prioritarias. Los mandos militares de ambos países volvieron a abordar en Iquitos la minería ilegal junto con el contrabando y el narcotráfico.

Ese esfuerzo debería ampliarse. Las fronteras no pueden convertirse en refugios donde maquinaria, minerales, dinero e insumos escapen del control de un Estado para ingresar al territorio vecino. La respuesta requiere inteligencia financiera compartida, trazabilidad regional del oro, controles aduaneros coordinados y seguimiento conjunto de proveedores y rutas logísticas.

Ecuador ha intensificado su combate contra la minería ilegal. El siguiente paso es consolidar una estrategia regional que ataque de forma simultánea la extracción, el financiamiento y la comercialización. Frente a economías criminales que no reconocen fronteras, ningún país puede actuar de forma aislada.

Lea nuestros editoriales aquí