El archivo de la indagación por el caso ‘Chuky Seven’, las medidas cautelares en contra del asambleísta Galo Lara y el pedido de levantamiento de la inmunidad del legislador Enrique Herrería coinciden.
Todos los casos tienen un ángulo político llamativo, más aún en pleno proceso de los anunciados cambios, ante el clamor por despolitizarla.
El fiscal Antonio Gagliardo decidió no seguir adelante con la acusación en contra del juez Juan Paredes, quien dictó la sentencia en primera instancia condenando a diario El Universo. Se argumentaba la existencia de falsedad ideológica por su rapidez y por la presunta escritura de dicho fallo en un programa pirata (‘Chuky Seven’), introducido en una computadora del juzgado.
Gagliardo, quien participó fallidamente en el concurso para Fiscal General, aspira a ser magistrado de la Corte Constitucional. La desestimación de esta causa deja interrogantes.
En otro caso, el Fiscal General anunció que buscaba la orden de prisión preventiva en contra del asambleísta Galo Lara, investigado en una causa por asesinato. Un juez de la Corte Nacional prohibió la salida del país del legislador.
La Corte Constitucional admitió a trámite un recurso presentado por el ex presidente de la CFN, Camilo Samán. El legislador Enrique Herrería solicitó a Contraloría indagar sobre el patrimonio de Samán y lo comentó en los medios. El demandante argumenta que las declaraciones de Herrería no se realizaron en el recinto legislativo. Los asambleístas fiscalizan en goce de la inmunidad, sin cuya protección sería tarea imposible.
Cuando se ofrece cambiar la justicia, y más allá de los contenidos jurídicos de estos casos, la acción de los operadores de justicia resulta llamativa.