La urgencia de proteger los datos personales

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Domingo 22 de septiembre 2019

El Gobierno adelantó el envío de la Ley de Protección de Datos a la Asamblea Nacional, acicateado por la información pública de un robo masivo de datos de entidades públicas.

En principio, se dijo que se trataba de datos de 20 millones de ecuatorianos alojados en un servidor de una empresa, localizado en el extranjero. El Ministro de Telecomunicaciones aclaró que se trata de 20 millones de datos. No se sabe -y es motivo de indagación fiscal- quiénes vendieron las bases de datos, cómo la robaron y desde cuándo la información pudiera haber estado expuesta.

Si bien no se trata de un ciberataque o de un ‘hackeo’, queda en claro que valiosa información privada de los ecuatorianos está expuesta, y que frente a ello cabe normalizar el mercado de datos, pero sobre todo educar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar la identidad digital.

La nueva Ley pretende que los datos estén debidamente protegidos y nadie pueda vulnerar, ni acceder, sin consentimiento expreso, a ningún tipo de información personal. Es muy llamativo que en la región solo Ecuador, Bolivia y Venezuela no cuenten con una ley de esa naturaleza.

La identidad, la intimidad familiar, los datos de dirección y teléfonos, los préstamos, cuentas bancarias y demás información puede ser delicada si se utiliza mal y sin autorización.

La proliferación de llamadas para ofrecer todo tipo de productos y supuestos regalos agobia a los ecuatorianos, ya es hora de poner coto.La venta de bases de datos de modo ligero será ilegal y los responsables se verán expuestos a severas sanciones.

Cabe esperar una actitud responsable y oportuna de los legisladores. La Asamblea se apresta a tratar una reforma laboral y tributaria compleja, pero la Ley puede ser la ocasión para dar una respuesta de contenido fundamentado y suficiente.

A más de la normativa adecuada, cada persona debe ser responsable del modo en que maneja y entrega su información personal. Asimismo, queda pendiente una tarea a escala estatal, que consiste en terminar de elevar el nivel de protección de las bases de datos institucionales.