La mayoría correísta que controló el Legislativo hasta 2017, nos dejó un esquema confuso y con vacíos que convirtió en letra muerta el mandato de repetición, ese que obliga al Estado a conseguir que sus servidores, cuando han actuado negligentemente, le devuelvan los valores que debió pagar en concepto de indemnización, por los daños causados a los particulares.
La arbitrariedad, el abuso y la prepotencia, convertidos en forma de gobierno por Rafael Correa, nos han legado no pocas facturas, algunas particularmente abultadas. Y si, cuando fueron gobierno, su política legislativa fue la de entorpecer la vía de recuperación de los valores perdidos, hoy los incondicionales del ex presidente hacen su mayor esfuerzo para hacer a un lado el fantasma de la repetición, aunque eso signifique superar sus récords de cinismo.
Se escandalizan, por ejemplo, que se pague lo que han ordenado los tribunales, como si hubiera otra opción después de perder un caso; vociferan frases vacías y declaraciones demagógicas, para no ver hasta qué punto los fallos condenatorios nacen de la irresponsabilidad y la lengua suelta de su líder. Y, aunque parezca increíble, llaman a juicio político a un Procurador General del Estado que no tomó las decisiones ni participó en los juicios, pero que cometió el imperdonable pecado de heredar las sentencias.
Y cuando ese Procurador propone un instrumento para recuperar lo que la negligencia de unos pocos nos ha quitado a todos, le dicen que no, sin más razones que el simple discurso y sin más motivo que el evidente: “que no nos toquen”.
Para Fausto Jarrín, asambleísta del correísmo, “es cierto que se requieren mecanismos para ejercer la potestad estatal y administrativa de la repetición”, pero aprobar esa ley “no está en mis posibilidades morales ni éticas”. Le agradecemos la sinceridad; ya nos había quedado claro que distinguir entre el interés público y las necesidades de su amigo Rafael, no está en las posibilidades morales y éticas del asambleísta Jarrín.