Farith Simon

Julissa

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Lunes 16 de diciembre 2019

Muchos de ustedes ya conocerán este nombre: Julissa. En estos días ha estado presente en las redes sociales, en programas de televisión, páginas de periódicos y radios amarillistas. La repentina notoriedad de esa joven mujer se produjo luego de que un video de contenido sexual en el que ella participaba, filmado en el interior de un club nocturno, fuera ampliamente difundido sin su consentimiento. La reacción de la sociedad frente a este hecho ha sido un nuevo ejemplo de la incomprensión de lo público, lo privado y lo íntimo; de la forma diferenciada en que juzgamos la vida sexual de hombres y mujeres; y, de cómo se emplean estos eventos y a los involucrados para llevarlos a un penoso espectáculo donde morbo y reproche social se conjugan en partes iguales.

Se puede mirar desde diferentes ópticas lo sucedido, pero la violación a la privacidad de quienes aparecen en el video es un hecho innegable, así como grave. No todo lo que es filmado o fotografiado por medio de nuestros celulares es publicable. Un bar, un restaurant o un club nocturno son espacios abiertos al público, pero no son espacios públicos, por ello debe asegurarse el respeto a la privacidad. Parecería obvio decir que un video de contenido sexual no es algo de interés general o que trasciende a lo público, pero quienes filmaron esas imágenes y las distribuyeron, así como las miles y miles de personas que las compartieron y replicaron, parecen sentirse autorizados a vulnerar los derechos de otras personas, o, lo que es peor, convertir a personas en objetos en nombre de la “viralización”.

La diferencia de género en el tratamiento a estos temas es un rezago de la manera en que las mujeres y hombres son tratados respecto de la sexualidad y su cuerpo. Culturalmente la vida sexual de las mujeres está siempre bajo escrutinio público. Al final del día parece que únicamente pueden ser vistas como objetos del deseo o de la satisfacción masculina, un puritanismo diferenciado justifica al hombre que desarrolla una actividad sexual pública y castiga socialmente a la mujer. El derecho penal se sigue utilizando para controlar su sexualidad por medio de la penalización del aborto incluso en los casos de violación; ya no se las encierra o separa de la sociedad en nombre de la moral, la vida familiar o el orden social, pero quedan claros rezagos de esa lógica en todos los espacios.

La historia de Julissa, como la de muchas otras mujeres que han tenido notoriedad mediática porque la sociedad las considera como “transgresoras” sexuales, pone de manifiesto las notables diferencias de género que existen en los temas de sexualidad y control del cuerpo, algo que explica desde una perspectiva histórica Ana María Goetshel en su estupendo libro “Moral y orden. La delincuencia y el castigo de los inicios de la modernidad en Ecuador”, lectura obligada para quienes deseen entender algunas de las razones para este trato diferenciado.