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El próximo domingo 29 de noviembre de 2026, los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir a sus autoridades seccionales y a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Sin embargo, el proceso electoral comenzará días antes en los centros penitenciarios del país, donde existen requisitos específicos para ejercer el derecho al sufragio.
Estar privado de libertad no implica necesariamente la pérdida de los derechos políticos. La Constitución de la República establece las condiciones bajo las cuales una persona puede participar en un proceso electoral, incluso si permanece en prisión.
El artículo 62 de la Carta Magna reconoce el derecho al sufragio de las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.
Esto significa que quienes permanecen en prisión preventiva, esperan un juicio o cuentan con una sentencia condenatoria que todavía no adquiere firmeza pueden votar, siempre que cumplan los demás requisitos electorales.
En cambio, el artículo 64 de la Constitución establece la suspensión de los derechos políticos de las personas que tienen una sentencia condenatoria ejecutoriada que impone una pena privativa de libertad, mientras subsista dicha pena.
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— cnegobec (@cnegobec) November 18, 2026
Una de las interrogantes sobre la participación electoral de las personas privadas de libertad tiene relación con los delitos por los que enfrentan un proceso penal.
Por ejemplo, una persona procesada por un supuesto delito de asesinato, narcotráfico, secuestro o extorsión puede ejercer su derecho al sufragio si no cuenta con una sentencia condenatoria ejecutoriada y conserva sus derechos políticos.
Esta disposición también guarda relación con el principio de presunción de inocencia, que recoge el artículo 76 de la Constitución.
Asimismo, haber permanecido en prisión no implica perder de manera permanente el derecho al voto. Una persona puede volver a sufragar tras cumplir su pena, siempre que no existan otros impedimentos legales.
La normativa electoral también permite aclarar varias interrogantes sobre el sufragio dentro de los centros penitenciarios.
El CNE establece dos requisitos para que las personas privadas de libertad habilitadas puedan sufragar: constar en el padrón electoral del centro penitenciario y contar con una cédula de identidad o pasaporte.
El organismo electoral contempla dos modalidades de votación dentro de las cárceles: mediante juntas especiales receptoras del voto o a través del procedimiento de sobre cerrado.
Los observadores electorales y los delegados de las organizaciones políticas que cuenten con la acreditación correspondiente también podrán presenciar el desarrollo de la jornada.
El calendario electoral establece que las personas privadas de libertad habilitadas para sufragar acudirán a las urnas el jueves 26 de noviembre de 2026, tres días antes de la jornada electoral nacional.
Tras finalizar la votación, los coordinadores electorales trasladarán el material a las bodegas electorales con el resguardo de la Policía Nacional.
Los votos permanecerán bajo custodia de las juntas provinciales electorales y con la protección de las Fuerzas Armadas hasta las 17:00 del domingo 29 de noviembre, cuando comenzará el escrutinio.
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Pueden votar las personas privadas de libertad que no tengan una sentencia condenatoria ejecutoriada y que conserven sus derechos políticos.
Esto incluye a quienes están en prisión preventiva, esperan juicio o tienen una sentencia que todavía no está en firme, siempre que consten en el padrón electoral y cumplan los demás requisitos.
Sí, si no tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada y mantiene vigentes sus derechos políticos.
La gravedad del supuesto delito no determina por sí sola si una persona puede sufragar. La situación jurídica del procesado es la que define su habilitación electoral.
Sí. Para las personas privadas de libertad habilitadas, el sufragio es obligatorio, salvo que formen parte de alguno de los grupos para los que el voto es facultativo.
Estar en prisión no convierte automáticamente el voto en voluntario.
El CNE establece que deben constar en el padrón electoral del centro penitenciario y presentar cédula de identidad o pasaporte.
La votación puede realizarse mediante juntas especiales receptoras del voto o a través del procedimiento de sobre cerrado.
Las personas privadas de libertad habilitadas votarán el jueves 26 de noviembre de 2026, tres días antes de la jornada electoral nacional.
Los votos permanecerán bajo custodia hasta las 17:00 del domingo 29 de noviembre, cuando comenzará el escrutinio.
