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La Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) lleva más de un año bajo intervención y el tiempo que puede mantenerse esta medida enfrenta dos interpretaciones. Mientras una lectura jurídica sostiene que los plazos para avanzar hacia las elecciones ya se superaron, otra señala que el procedimiento puede prorrogarse si persiste la causal que lo originó y existe el respaldo administrativo correspondiente.
En medio de esa discusión, José Eduardo Monge Simbaña, interventor desde diciembre de 2025, continúa al frente de la institución y defiende los resultados alcanzados en estos nueve meses. Su expectativa es terminar las obras iniciadas durante su administración y avanzar posteriormente con el proceso electoral. Entre los proyectos en ejecución está la pista de Los Chasquis, cuya entrega está prevista para noviembre.
La situación administrativa de la CDP arrastra problemas anteriores a la llegada de Monge. En marzo de 2024, la administración de entonces reportó haber recibido alrededor de 5 millones de dólares en obligaciones con proveedores y 98 procesos judiciales, además de necesidades de inversión en infraestructura.
La intervención comenzó el 11 de junio de 2025. El proceso ha recibido sucesivas prórrogas. Una resolución oficial del 9 de diciembre dispuso otros 90 días al considerar que la acefalía no había sido subsanada. El documento estableció además la reactivación del cómputo del período de intervención.
En marzo de 2026, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura volvió a prorrogar la medida por 90 días. Esa resolución consta en el Registro Oficial.
Sobre cuánto puede prolongarse el proceso existen lecturas diferentes. Martín Ávila Escobar, director de Deportes de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), considera que los límites aplicables ya fueron superados y sostiene que corresponde avanzar hacia las elecciones.
Alex Plazarte, abogado especialista en Derecho Deportivo, interpreta, en cambio, que el procedimiento comenzó bajo la normativa anterior y que las prórrogas pueden continuar mientras permanezca la causal que motivó la intervención, siempre que existan informes que las sustenten y la autoridad deportiva las autorice.
Monge sostiene que uno de los primeros desafíos fue ordenar financieramente a la institución. Según explicó, encontró deudas y problemas legales, alcanzó acuerdos con proveedores y logró mantener al día los salarios durante los primeros meses de 2026, pese a los retrasos que pueden producirse en la transferencia de recursos.
En infraestructura, reportó trabajos de pintura y adecuación en alrededor de 13 000 metros de diferentes espacios, incluidos coliseos, fachada y parqueaderos. La inversión en estas intervenciones, según el funcionario, superó los 100 000 dólares.
Para la pista de Los Chasquis, Monge indicó que el incremento presupuestario estatal rondó los 540 000 dólares y que la CDP incorporó aproximadamente 140 000 dólares de autogestión para complementar el proyecto. También destacó mejoras en la residencia deportiva y el centro médico, además de la renovación de vehículos para las delegaciones.
A esto se suma una línea de crédito gestionada con el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) por 2,5 millones de dólares, todavía pendiente de ejecución, que permitiría financiar proyectos en piscinas, velódromo, patinódromo y coliseos.
Los resultados también alcanzan la competencia: durante 2026, Pichincha obtuvo títulos nacionales en varias disciplinas. En septiembre, por ejemplo, la delegación provincial se proclamó campeona nacional de atletismo tras sumar 220 puntos.
La extensión de la intervención también ha generado cuestionamientos fuera del ámbito jurídico. El periodista ecuatoriano Pablo Montenegro Zaldumbide publicó el 21 de septiembre una carta abierta dirigida al presidente Daniel Noboa y al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, en la que cuestionó la permanencia de Monge y pidió su salida y la convocatoria inmediata a elecciones.
Montenegro sostiene que el período legal del interventor habría terminado el 7 de septiembre. Su posición contrasta, además, con la lectura de Plazarte sobre la posibilidad de nuevas prórrogas mientras permanezca la causal que originó la intervención.
La discusión ocurre mientras la institución continúa operando. Como publicó EL COMERCIO el 18 de septiembre de 2026, la intervención estuvo atravesada desde su origen por la situación del Estadio Olímpico Atahualpa, administrado por la CDP desde 1996.
Los especialistas consultados coinciden en un aspecto: las obras pertenecen institucionalmente a la CDP y pueden continuar independientemente de quién esté al frente. Monge, por su parte, asegura que busca dejar proyectos encaminados y recursos disponibles para la administración que lo suceda.
Con proyectos todavía en ejecución, cuestionamientos sobre los plazos y dos interpretaciones jurídicas distintas, el siguiente movimiento dependerá de la autoridad deportiva: la eventual emisión de una nueva prórroga o la definición del calendario que conduzca a las elecciones y a una nueva administración de la Concentración Deportiva de Pichincha.
La intervención comenzó por una situación de acefalía en la representación legal de la CDP.
El proceso arrancó el 11 de junio de 2025 y posteriormente recibió prórrogas. Una resolución de diciembre dispuso 90 días adicionales al considerar que la causal todavía no había sido subsanada.
Por ahora no existe una fecha definida para las elecciones.
José Eduardo Monge, interventor de la CDP, espera completar obras iniciadas durante su administración y posteriormente avanzar con el proceso electoral. La definición también depende de las decisiones que adopte la autoridad deportiva sobre la intervención.
Existen interpretaciones jurídicas diferentes sobre la duración que puede tener el proceso.
Martín Ávila Escobar considera que los límites aplicables ya fueron superados y que corresponde convocar a elecciones. Alex Plazarte sostiene que las prórrogas pueden continuar mientras persista la causal que originó la intervención, siempre que estén sustentadas y sean autorizadas.
La administración reporta intervenciones en Los Chasquis, escenarios deportivos, residencia y centro médico, entre otros espacios.
Monge informó trabajos de adecuación y pintura en aproximadamente 13 000 metros, además de recursos destinados a la pista de Los Chasquis. También existe una línea de crédito por 2,5 millones de dólares con el BDE, todavía pendiente de ejecución.
El punto central es resolver la situación administrativa que originó la intervención y definir el camino hacia las elecciones.
La autoridad deportiva deberá determinar si corresponde una nueva prórroga o avanzar hacia un calendario electoral. Mientras tanto, la CDP continúa funcionando y mantiene proyectos en ejecución.
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