Informe Judicial

Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag

Geovanny Tipanluisa

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad.

Delitos en tiempos de pandemia

La crisis desatada por el coronavirus también dejó ver el poder que las redes delictivas tienen para vulneran fácilmente los controles de un país. Resulta que mafias enquistadas en diferentes ciudades comenzaron a falsificar pruebas covid y a entregar resultados negativos adulterados. Así, la gente ha viajado, visitado a presos y hasta presentado carpetas para un empleo. Enorme irresponsabilidad.

La semana pasada fueron detenidas tres personas. Los responsables deben ser sometidos a la justicia y sancionados bajo el debido proceso y el derecho a la defensa.

La Policía debe ser más ágil. Los servicios de Inteligencia están obligados a levantar datos para interceptar a las bandas, que además ofertan vacunas falsas. En estos días se difundieron masivamente esas ‘ofertas’.

Son grupos poderosos que están en Ecuador, Colombia, Panamá e incluso EE.UU.

Tienen toda una estructura para intentar introducir en las naciones las falsas dosis.

Las bandas han acechado desde el inicio de la pandemia. Apenas estallado el problema, por los pasos ilegales de la frontera ingresaron clandestinamente mascarillas, guantes, pruebas para covid-19 y alcohol. Todo era almacenado en casas y bodegas.

Luego, en Internet se ofrecían exámenes rápidos para detectar el virus. Cajas de 25 unidades eran vendidas en USD 1 000.

En agosto, la Policía alertó que cibermafias se activaron en la Red virtual para estafar a las personas que compraban tapabocas, trajes de bioseguridad y visores faciales.

Un panorama por demás complejo si a esto se suma que en la Fiscalía reposan al menos 200 expedientes abiertos dentro de la crisis.

Son miles de documentos judicializados que hablan de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, tráfico de influencias o delincuencia organizada perpetrados en hospitales, municipios, juntas parroquiales, instituciones estatales, prefecturas, etc.

Los agentes tienen una gran tarea por ejecutar. Que nada quede impune, que los delitos sean juzgados con todo el rigor de la ley.