La actuación policial en el caso Diana Carolina desató una serie de interrogantes sobre cómo están preparados los agentes de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC), quienes son los primeros en llegar a estas emergencias.
Resulta que el ataque de Ibarra comenzó cuando los dos policías que asistieron al llamado de Diana miraban para otro lado.
Altos oficiales en retiro dicen que los uniformados estaban obligados a realizar un cacheo inmediato. ¿Lo hicieron? Las investigaciones fiscales lo determinarán.
Ahora, la Policía asegura que todos los equipos tienen un protocolo que seguir, que están capacitados para conocer el problema, para buscar soluciones, para ayudar en la asistencia médica y legal de las afectadas.
Pero en Quito, Guayaquil, Santo Domingo de los Tsáchilas y Riobamba, las agredidas cuestionan la reacción policial.
En unos casos llegan luego de que el agresor se marchó o en otros los agentes únicamente piden que este abandone la casa de su pareja. Pero también cuentan que solo recopilan los datos y se marchan. Critican que no haya seguimiento a los casos, que no las asistan para denunciar el delito o para que se hagan atender médicamente.
Entonces es urgente que se concrete el ofrecimiento de la autoridad de reentrenar al personal uniformado. Una semana después de esas declaraciones en caliente no se ha dicho más. ¿Cómo los van a capacitar? ¿Quiénes entrarán en ese proceso?
Mientras eso se concreta, el país mira con estupor cómo en el 2018 fueron atacadas mortalmente 88 mujeres en el país. En el 2016, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos mostró datos que espeluznan: las víctimas de femicidio fueron estranguladas, decapitadas, mutiladas y violentadas sexualmente.
Incluso se hallaron casos que después de ser asesinadas, sus cuerpos fueron maltratados.
El drama no queda ahí. Se extiende a toda una familia. El año pasado, 111 menores de edad quedaron en la orfandad. Por el bien del país hay que frenar ya este nivel de violencia.