Es una columna que incluirá información sobre temas relacionados con seguridad y justicia. Otros artículos del autor: http://bit.ly/gTipanluisa Twitter: @ECtipanluisag
Geovanny Tipanluisa
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en periodismo. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2003 y se ha desempeñado en diversos puestos desde entonces. Actualmente es Editor de Seguridad

Que Buenos Aires no se les vaya de las manos

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Martes 25 de junio 2019

Lo que sucede en la pequeña parroquia de Buenos Aires, en Imbabura, es lamentable. La minería ilegal atrajo a hombres armados que buscan el control de ese negocio clandestino y con ellos llegó la violencia. El último enfrentamiento dejó cuatro personas heridas.

Es hora de actuar con firmeza. Las alertas no son de ahora. En enero de este año ya se conoció que poderosas mafias estás detrás de esa actividad y que instalaron 160 laboratorios en el monte, para extraer oro.

Para entonces, los trabajadores salían de las minas con billetes de USD 100. El lavado de activos se configuraba poco a poco. ¿Hizo algo el Estado? No.

En marzo hubo un nueva advertencia: otro grupo de armados ingresó a Buenos Aires y desplazó a quienes en ese entonces controlaban toda la zona.
La reacción del Estado fue tibia y ordenó el ingreso de los militares. Las tropas no se quedaron allí; entraban y salían. Los ilegales ganaron terreno y comenzó la extorsión a pobladores y a los propios mineros.

La gente se cansó y en mayo se levantó en busca de mejores seguridades. La única respuesta de la autoridad fue que “hay que investigar”. ¿La Policía y las FF.AA. no tienen cuerpos de Inteligencia infiltrados?

El fin de semana ocurrió algo similar. Tras conocer del enfrentamiento, la Policía reconoció que solo tenía información de los pobladores. ¿Qué pasa con sus investigaciones? ¿No tienen datos propios? ¿Qué reporta su personal desplegado en el pueblo?

Hay temor en la población. En abril, este Diario documentó cómo los médicos tenían pánico de trabajar en medio de la tensión que generaban los armados. El mes pasado, en cambio, los vecinos denunciaron haber sido amenazados de muerte. Otros contaron cómo los desconocidos les dispararon por negarse a pagar lo que ellos denominan peaje. Es decir, cancelar para circular con las camionetas.

Los testimonios llegaron unos tras otros. Se atrevieron a hablar públicamente y hoy es urgente darles protección. Militares y policías tienen el mandato constitucional de hacerlo.