A inicios del 2007, el entonces ministro de Electricidad, Alecskey Mosquera, que fue sentenciado a cinco años de prisión por lavado de activos, solía pasearse de un lado a otro con una docena de cajas de cartón. Decía que eran los estudios que justificaban el Coca-Codo Sinclair, una central hidroeléctrica de 1 500 megavatios (MW) en el río Coca. Decía que era “el proyecto más estudiado de la historia del país”. No era verdad.
En realidad, las cajas de cartón contenían los estudios de un proyecto más modesto que fue estudiado por última vez en 1997 por el exInstituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel).
De hecho, el proyecto seleccionado por el entonces Inecel, como el más adecuado en términos técnicos y económicos, consistía en el desarrollo del proyecto Coca-Codo en dos etapas.
La primera entraría en operación con una potencia instalada de 432 MW y la segunda se pondría en marcha después, con 427 MW adicionales. El presupuesto total de construcción, a enero de 1997, alcanzaba USD 747,5 millones.
De igual forma, en los análisis realizados por el Conelec en el Plan 2006-2015 se consideró que el Proyecto debía ingresar con 859 MW, por tener más estudios, y no el de 1500 MW.
Pese a esas recomendaciones técnicas, en abril del 2007 arrancó la construcción de una central de 1 500 MW, la más grande y costosa del país,sin tener aún actualizados sus estudios. El proyecto se construyó con un costo referencial de USD 1 600 millones, pero el Ecuador terminó pagando casi USD 3 000 millones. Las obras avanzaron sin los estudios de impacto ambiental ni de prefactibilidad del proyecto.
Según el entonces ministro de Coordinación de los Sectores Estratégicos, Derliz Palacios, “para ganar tiempo”, los estudios de impacto ambiental de la central y de las vías de acceso a la hidroeléctrica se harían “sobre la marcha”; es decir, de forma paralela a la construcción.
El geólogo Luis Torres ha señalado, además, que el Coca- Codo nunca tuvo ni cuenta actualmente con un estudio de vulnerabilidad y riesgos.
Torres fue parte de la junta consultiva para analizar la erosión del río Coca, un fenómeno que inició en febrero del año pasado y que ahora amenaza a las obras de captación del Coca-Codo Sinclair. La erosión estaba hasta el 12 de junio del 2021 a 8,9 kilómetros de esa infraestructura.
De llegar la erosión hasta las obras de captación se inhabilitaría la central, pues el río se hundiría y no habría cómo desviar el agua hacia el túnel y las turbinas de la hidroeléctrica.
Las alternativas frente a ese escenario catastrófico son complejas y costosas. Reemplazar la energía que deje de entregar un proyecto hidroeléctrico de esa magnitud tampoco será sencillo.
El Gobierno ha anticipado que, de darse ese escenario, se tendrá que recurrir a energía térmica, que es cara y más contaminante. Son los posibles costos de una obra sobredimensionada, que se hizo al apuro y bajo el paraguas de una política energética poco técnica.