Seguridad, tarea imperativa de un Presidente democrático
Vacunar contra el covid-19 a la población; potenciar el sistema de salud pública; garantizar educación de calidad sin perder de vista los graves vacíos a causa de la pandemia; acabar con la desnutrición; generar empleo estable son tareas tan urgentes para el Presidente que asumirá funciones el 24 de mayo como combatir a la inseguridad en Ecuador.
Hay un indicador: los homicidios. El primer trimestre del 2021 ha sido el más violento de la década. Los crímenes registraron un incremento del 69% en comparación con el mismo período del 2020. La masacre de febrero en cuatro cárceles incidió, pero también la violencia en las calles. En el primer trimestre del año pasado ya hubo un aumento del 21% de homicidios cotejado con el 2019. En 2018 la variación fue de 2% frente al 2017. La ‘curva’ es escalofriante.
En ese marco, antes de despedirse de Carondelet, Lenín Moreno (Decreto 1331) ha convertido en “política pública” la aplicación del ‘Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030’, elaborado desde los días cuando María Paula Romo (2018-2020) era ministra de su régimen.
¿Un plan desde 2019 en mayo del 2021? Sí, conocido como PNSI (por sus siglas), aprobado en febrero por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe); un instrumento con la hoja de ruta para blindar la seguridad del Estado; flexible, en función de nuevos escenarios. Las matrices del PNSI esbozan una definición de la “amenaza” en Ecuador.
La matriz del Ministerio de Defensa plantea “el aparecimiento de nuevos actores y desafíos asociados a factores políticos, sociales, económicos, ambientales y estructurales del Estado”. La matriz del Ministerio del Interior (ahora de Gobierno) identifica como amenaza no solo al crimen transnacional y al terrorismo, sino a la ‘vulnerabilidad energética’, los ‘flujos migratorios irregulares’, los ‘desequilibrios demográficos’.
¿Política pública? Es explícito el Decreto 1331 de Lenín Moreno: será política pública “la aplicación del PNSI”, mas no reconoce a ese plan como una política en sí. Señores, Ecuador no tiene una verdadera Política Pública Integral de Seguridad, que dedique espacio a las armas y cárceles, sí; pero que prepondere la inversión social para contrarrestar el desempleo; el hambre; la falta de oportunidades para acceder a educación de calidad, a salud, a servicios básicos, a espacios seguros, a una vida digna; que construya una sociedad con equidad.
No. La pobreza no es la causa de la inseguridad. La situación de exclusión hace que seres humanos sean más vulnerables a la acción del crimen: víctimas de préstamos ilegales que se vuelven deudas impagables, de trata con fines de explotación sexual, de narcotráfico, de una espiral de violencia que crece.
¿Factores sociales? ¿Desequilibrios? ¿Migración? ¿Amenazas? De un Gobierno se espera que acate la Constitución; allí están marcados los derechos de los ciudadanos. ¿Derechos? Sí, a la vida, por ejemplo. Señores, redimir a seres humanos de su condición de marginalidad, en lugar de etiquetarlos como ‘amenaza’, es lo imperativo en una democracia; lo contrario solo cabe en un Estado policial.