Derechos Humanos

COLUMNAS DE OPINIÓN. Artículos de derechos humanos publicados originalmente en la página de opinión de la edición impresa de Diario EL COMERCIO.

Dimitri Barreto P.

Periodista desde 1996. Ha cubierto los efectos del conflicto armado colombiano, la corrupción y la violencia en Ecuador. Licenciado en Comunicación, con un diplomado en la UNAM sobre cobertura del crimen organizado. Macroeditor de EL COMERCIO. @ECdimitri

¿Discapacidad bajo sospecha?

La discapacidad es un concepto que evoluciona, dice la ONU, y resulta de la interacción que existe entre las personas con deficiencias y las barreras, a causa de la actitud de los otros y del entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.

Discapacidad, a saber, no es sinónimo de abuso; como derecho no es símil de dádiva (que se otorga o se mezquina a antojo). Las puntualizaciones son urgentes, por el impacto que los mensajes de la autoridad pueden provocar en una comunidad que ha reaccionado con indignación frente a la acción ruín de usurpadores que han sorteado la aduana para importar vehículos (no solo de alta gama) sin aranceles y sin cumplir con los requisitos exigidos a las personas con discapacidad.

¿Mensajes de la autoridad? Sí. La entrega fraudulenta de carnés de discapacidad no puede convertirse en cacería de brujas. Pero la autoridad ha dejado agujeros peligrosos al disponer la “suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles para estos casos” (¿cuáles casos?, en Ecuador el Conadis registra 485 325 personas con discapacidad, ¿todos quienes tienen carné están bajo sospecha?) o al decidir que “a partir de ahora las placas de esos autos tendrán un distintivo especial” (¿para convertirlos en blanco de la delincuencia?).

Sí, el Ministerio de Salud ha entregado carné a personas que no debía, y sorprendentemente (¿negocio oscuro?) con solo un chasquido: 3 000 plásticos emitidos en medio de la pandemia. ¿Eficacia burocrática? Señores, sobran historias lacerantes de seres humanos que sí necesitan el documento, ni siquiera tienen recursos para autos, y ahora son blanco de cacería o simplemente aún siguen en lista de espera para su encuentro con los ‘calificadores’, evaluadores de discapacidad convertidos en jueces de un derecho para hijos, padres, personas de toda edad.

¿Derecho? “Nadie podrá ser discriminado por razones de discapacidad”, reza en la Constitución, que garantiza a 485 325 personas “exenciones en el régimen tributario”. Señores, en Ecuador, una de cada cuatro personas con discapacidad es adulto mayor; una de cada seis es menor de edad, niños. En una sociedad donde el escándalo del amanecer opaca al de la madrugada sería macabro que por la vileza de unos impostores se discrimine a un grupo de atención prioritaria, se pisoteen derechos, y no pase nada.