Ayer los informales se tomaron la calzada de la av. Jorge Garcés (Comité del Pueblo). Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
La proliferación del comercio informal en Quito va de la mano con la crisis económica. A medida que la gente pierde su trabajo o quiebran emprendimientos, la cantidad de personas que salen a la calle a vender productos aumenta.
Las ordenanzas del Distrito Metropolitano señalan que no están autorizadas las ventas ambulantes sin permiso o que hagan una mala utilización del espacio público. Sin embargo, en las vías principales, en las intersecciones y cruces semaforizados cada vez hay más personas vendiendo frutas, artículos telefónicos, aguas, mascarillas, alcohol, gafas, etc.
Ni siquiera los megaoperativos que arrancaron el 17 de julio y que contemplan el trabajo en conjunto entre Policía Nacional, Ejército y Municipio han logrado mermar el problema. Wilmer Fuertes, director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, explica que el comercio informal ha aumentado en cinco sectores: Cotocollao, Comité del Pueblo, avenida Pichincha, La Ecuatoriana y Chillogallo.
Pero aclara que, a pesar de ser las cinco zonas con más ventas ambulantes, la mayoría de moradores de estos sectores se esfuerza por cumplir las disposiciones.
Sin embargo, en la calle Chile y avenida Pichincha, en el sector de La Marín, cientos de comerciantes se tomaron las aceras y no cumplieron los distanciamientos.
Esthela Domínguez, representante de los vendedores, dice que siempre tratan de cuidarse para no contagiar a los clientes, pero indica que varios compañeros ya se enfermaron. “Dependemos de lo que vendemos al día. Necesitamos hacernos las pruebas”.
En las afueras del mercado Las Cuadras de Chillogallo, en plena av. Mariscal Sucre, decenas de mercaderes se instalaron ayer desde las 09:00 con sus productos. Ahí reinaron el desorden y las aglomeraciones. Esa imagen se repite en calles como la Manuel Coronado, Agustín Aguinaga, Rafael García, Luis López y Carlos Freire.
Otro sitio crítico es el Centro Histórico. Ayer, decenas de vendedores trabajaron en las calles Rocafuerte, Cumandá y Ambato. Pese a que la zona fue cercada y era patrullada por agentes metropolitanos, ni comerciantes ni transeúntes respetaron el distanciamiento.
Las inmediaciones del mercado Chiriyacu (sur) también estuvieron repletas de informales. Se ubicaron a lo largo de las avenidas Andrés Pérez y Gualberto Pérez.
Pese a los controles, las ventas se incrementan en la av. Gualberto Pérez, en El Camal. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
En la calle Julio Andrade y avenida Maldonado, en el barrio Nueva Aurora (sur), también se registran aglomeraciones por las ventas. Lo mismo ocurre en la av. Jorge Garcés del Comité del Pueblo, en la av. El Inca y en la calle Lizardo Ruiz en Cotocollao (norte).
Carlos Castellanos, coordinador de la Confederación de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos, señala que antes de la emergencia sanitaria había 45 000 vendedores en espacios fijos y semifijos en el Distrito. Ahora, debido a la crisis económica, existen más de 65 000.
Desde el 1 de julio hasta ayer, el cuerpo de agentes ha realizado 375 patrullajes. Los principales problemas detectados son aglomeraciones, reuniones clandestinas, personas practicando deportes en grupos o celebrando cumpleaños. Los barrios donde estas faltas son más recurrentes son La Pulida, La Planada, Calderón y San Roque.
Fuertes explica que antes de la pandemia, la mayor cantidad del comercio informal lo realizaban personas que caminaban en las calles y zonas de semáforos. Ahora, la modalidad cambió: muchas son personas que llegan con su camioneta y se adueñan de una esquina o se instalan con carpas y
plásticos sobre las veredas.
Enfrentar esta actividad no es sencilla. Muchas veces -cuenta- los agentes son insultados o golpeados no solo por los informales sino por la vecindad. Hasta el momento, 12 agentes han sido agredidos. El sábado pasado, en San Roque, se registró un ataque con palos a su personal.
“El trabajo es duro. Como no tenemos un agente para que pase parado en la esquina todo el día, es como el juego del gato y el ratón. Los ambulantes se van y luego vuelven”. Para el control del espacio público, la entidad cuenta con 1 300 funcionarios, de ellos 600 trabajan en la parte operativa. “Necesitaríamos 3 000 para controlar una población de casi 3 millones, como es el caso de Quito”.
Estefanía Grunauer, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), indica que desde que se iniciaron los megaoperativos en las siete parroquias, hubo 84 sancionados por realizar actividad económica en el espacio público.
Desde que se inició la pandemia, la mayoría de sanciones se ha emitido por mal uso de mascarilla: 10 000. Además, por mal uso de la Licencia para Actividades Económicas.
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