El oficio, firmado por el subsecretario Fernando Yánez Balarezo, señala que la UNE tiene 15 días para presentar evidencias o pruebas de no haber incurrido en las causales de destitución. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La Unión Nacional de Educadores (UNE) convocó a una rueda de prensa que se realizará el viernes 22 de julio. Ellos darán su pronunciamiento tras recibir una notificación de parte de la Subsecretaría de Educación de Quito el gremio tiene 15 días para presentar evidencias o pruebas de no haber incurrido en las causales de destitución.
La noche del jueves 21 de julio, la Subsecretaría comunicó que se emitió la providencia dirigida a 9 organizaciones sociales, en la cual se notifica el incumplimiento al Decreto Ejecutivo 739 del 3 de agosto de 2015, Art 18: “Elección de Directiva y Registro”.
Este artículo determina que las organizaciones sociales que gozan de personería jurídica registren su directiva conforme al estatuto que rige a cada organización. La Subsecretaría de Educación tiene la competencia para aprobar los estatutos y conceder la personería jurídica a las organizaciones de la sociedad civil que tengan objeto y fines relacionados con la educación, registrar su directiva y la nómina de sus miembros.
Este proceso de notificación se realiza de forma continua y en procura de obtener un registro actualizado de organizaciones sociales activas, en cumplimiento de la norma del capítulo VI del Decreto Ejecutivo 739, antes referido.
Las organizaciones notificadas son, Fundación Amauta Ayllu, Fundación Ecuatoriana de Desarrollo Educativo Tecnológico y Productivo “FEDETP”, Asociación de Maestros Escuela Paraguay, Federación de Estudiantes y Profesionales Indígenas del Ecuador, Comité Central de Padres de Familia del Colegio Experimental Juan Pío Montufar, Fundación Experimental Culturales, Corporación Soporte y Ayuda, Comité Internacional de Profesionales y Empresarios Cristianos Del Ecuador (CPEC) y la Unión Nacional de Educadores.
Conforme a la normativa que rige a las organizaciones sociales se concede un término inaplazable de 15 días para que se presenten las evidencias y pruebas de descargo ante la autoridad educativa zonal competente. La Subsecretaría indicó que dichos documentos pueden ser: actas de las asambleas, informes económicos, informes de auditoría, memorias aprobadas, directivas actualizadas, inclusión o exclusión de miembros o cualquier información que se refiera a sus actividades.
Por su parte, la UNE señala que esta es una represalia del Régimen contra este gremio que ha estado en contra de las políticas estatales. El presidente Rafael Correa ha posicionado a esta organización como un brazo del extinto Movimiento Popular Democrático (MPD), actual Unidad Popular.
Incluso, en este periodo se creó una nueva agremiación, la Red de Maestros. Ellos han apoyado posturas gubernamentales en políticas educativas. Su acto más reciente fue la reunión que mantuvieron para apoyar al ministro Augusto Espinosa después de que la Comisión de Fiscalización aprobara el pedido de juicio político en su contra.
La presidenta la Unión Nacional de Educadores (UNE), Rosana Palacios, habló sobre una posible disolución del organismo que preside. Lo hizo mientras visitaba a los maestros de Manabí durante el recorrido que hace, a escala nacional, para informar sobre los resultados de su participación en la cita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se realizó en junio.
“Lo que han hecho es una represalia frente a la denuncia que hicimos como UNE a la conferencia internacional del trabajo número 105, desarrollada en junio en Ginebra (Suiza), a donde acudimos para denunciar los atropellos de los derechos de los docentes, como estabilidad laboral y la libertad de asociación”, aseguró Palacios a EL COMERCIO.
En el docuemento enviado por la Subsecretaría señala que de la revisión y análisis del expediente de la Unión Nacional de Educadores, se determinó que dicha Organización Social, presuntamente incumplió con la Codificación y Reforma Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas.
Esta norma manda que será causal de disolución “incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este Reglamento, o por incurrir en las prohibiciones aquí establecidas”.
Las otras causales enumeradas en el Reglamento son: falsedad o adulteración de la documentación e información proporcionada; desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida; contravenir reiteradamente disposiciones emanadas por las autoridades competentes para otorgamiento de personalidad jurídica o por los entes de control y regulación; disminuir el número de miembros a menos del mínimo establecido; finalización del plazo establecido en su estatuto.
También dedicarse a actividades de política partidista, reservadas a los partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, de actividades que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o que afecten a la paz pública.