A la derecha, el magistrado Iván León y a su izquierda, Javier de la Cadena, quienes acudieron a la audiencia del pasado viernes 13 de marzo de 2020. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Cuatro días después de que un Tribunal revocara la orden de prisión preventiva que pesaba en contra de Jorge Glas en el caso Sobornos, el pasado viernes 13 de marzo de 2020 la defensa del exvicepresidente consiguió que el arresto en el denominado caso Singue también quedara sin efecto.
En una audiencia, que duró 15 minutos, los magistrados Iván León, Javier de la Cadena y José Layedra levantaron la orden de arresto que pesaba en contra de Glas y del exministro Carlos Pareja Yannuzzelli.
Ellos y otras 13 personas son investigados por presunto peculado al adjudicar un campo petrolero en la Amazonía, con aparentes irregularidades.
La decisión del Tribunal llegó el mismo día en que la medida judicial caducaba para ambos. El exvicepresidente ya no tiene órdenes de prisión vigentes pero no podrá salir de la cárcel de Cotopaxi, pues cumple una condena de seis años por asociación ilícita. Lo mismo ocurre con Pareja, quien tiene cinco sentencias.
En la diligencia de ayer, los magistrados también solicitaron al Consejo de la Judicatura (CJ) que investigase a los funcionarios que permitieron que la prisión preventiva llegara a la fecha de caducidad.
Cornelia Salcedo, abogada de Glas, acusó a la Fiscalía de aparentemente aplazar el inicio del juicio sobre Singue.
El arranque de esa diligencia estaba previsto para el 30 de enero pasado, pero la fiscal del caso tenía reposo médico.
En esta causa hubo otros dos pedidos para diferir las citas judiciales. El 5 de septiembre del 2019 no se realizó la audiencia preparatoria de juicio, pues la Fiscalía tenía programado tomar testimonios anticipados en otro caso de corrupción. Siete días después volvió a suspenderse, pues el otro abogado del exvicepresidente, Harrison Salcedo, notificó a la Corte que estaba enfermo.
En el Código Penal (art. 541) se establece que si la prisión preventiva caduca, porque jueces, fiscales, defensores públicos, privados o peritos dilataron el proceso se considerará como una ‘falta gravísima’. Según la Ley de la Función Judicial (art. 109), ese hecho es sancionado con destitución.
La Fiscalía no se pronunció sobre la decisión tomada el pasado viernes.
Pero el jueves, en el primer día del juicio, el fiscal subrogante, Wilson Toainga, sostuvo que las evidencias en el caso no se han desvanecido y que no se debería levantar la orden de prisión. Pero dejó en manos de los magistrados el análisis del tiempo transcurrido.
El caso Sobornos
En este expediente, la prisión de Glas, uno de los 21 procesados por cohecho, caducó hace un mes y por eso fue revocada. Los jueces que tomaron esa decisión no pidieron a la Judicatura investigar a otros magistrados que manejaron el caso, pues consideraron que el retraso se produjo porque el expediente tiene más de 600 carpetas y por la cantidad de personas que son investigadas.
Sin embargo, durante ese proceso judicial hubo siete solicitudes para que se difirieran las citas judiciales. Además, se plantearon acciones para que los jueces no conozcan el tema.
El 17 de octubre del 2019, los abogados de Vinicio Alvarado y de Rafael Correa recusaron a la jueza Daniella Camacho. La audiencia preparatoria de juicio quedó suspendida hasta que se resuelva esa demanda.
El 31 de enero pasado, los abogados de Walter Solís, Ramiro Galarza, Pamela Martínez, Viviana Bonilla y Cristian Viteri solicitaron que el inicio de la audiencia de juicio se suspendiese; y fue aceptado.
Salcedo dijo que la decisión de levantar la prisión beneficia a su cliente, pues la justicia no podrá emitir una medida similar ni en Singue ni en Sobornos.
El penalista Mauricio Pacheco indicó a este Diario que esa estrategia jurídica tiene como finalidad que Glas pueda acceder a la prelibertad.