30 de agosto de 2020 18:32

Carlos: 'Mis inquilinos se negaron a pagarme el arriendo desde marzo del 2020'

Imagen referencial. Arrendatarios detallan que han tenido problemas con sus inquilinos que, debido a la emergencia sanitaria del covid-19, no han pagado la mensualidad. Foto: Freepik

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Mayra Pacheco

Los problemas de inquilinato se han agudizado, entre enero y julio pasado, a propósito de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus. En ese periodo se han presentado 435 procesos legales relacionados con esta causa, de estos un 24% (104 casos) corresponde a mora en el pago de estos valores, informó la Defensoría Pública.

Además, se han realizado procesos de mediación, otros por incumplimiento del contrato, terminación del contrato, perturbación en el inmueble y más.

Las provincias en las que más se ha solicitado estos servicios son Pichincha, Guayas y Azuay. En la primera, por ejemplo, Carlos Iza, de 37 años, tuvo problemas con sus arrendatarios a partir de marzo. A continuación, su testimonio:

Desde marzo pasado mis inquilinos que vivían en Quitumbe, en el sur, se negaron a pagar los servicios básicos y el arriendo. Esto se complicó a partir de que el Gobierno decretó la crisis sanitaria por el coronavirus.

Cuando se empezó a tratar la Ley Humanitaria fue peor. Yo intenté hablar con ellos para llegar a un acuerdo para ayudarnos mutuamente. Pero todo fue inútil. Ellos se rehusaban a cancelar estos valores.

Aunque en ese proyecto de Ley señalaba que el arrendador y arrendatario se pongan de acuerdo para establecer facilidades de pago, los señores que vivían en mi departamento, desde noviembre del 2019, no accedían ni aceptan ningún acercamiento. Incluso, ellos me dijeron que no iban a pagar ni un solo centavo por los servicios básicos ni por el arriendo, porque la Ley les amparaba.

Me sentía atado de manos, lo único que podía hacer es ver cómo ellos usaban mi departamento y como las cuentas por el consumo de agua, luz y teléfono se acumulaban, porque no cancelaban nada.

Esto complicó incluso mis gastos, porque los USD 200 de arriendo yo los utilizaba para pagar parte del predio en el que vivía. Este me queda cerca de mi trabajo.

Afortunadamente, una vez mientras revisaba mi cuenta de Facebook vi una publicación de la Defensoría Pública y me comuniqué con ellos, a fines de junio.

En una semana, ellos se pusieron en contacto conmigo y con la señora que arrendaba mi departamento. Esto para mí fue un alivio grande, porque para entonces ella había dejado ya de responder mis llamadas. Incluso, el papá de ella, que era abogado, me señaló que ellos no debían pagar nada.

Como mis inquilinos se negaron a pagarme el arriendo desde marzo pasado. Para entonces, la deuda ya bordeaba los USD 800 por el uso del departamento y 300 por el consumo de los servicios básicos.

En la cita que me dio la Defensoría Pública yo expuse mi situación. Igual, los abogados se contactaron con mis inquilinos y se programó una audiencia. Me sentía muy a gusto con esa gestión, porque mis arrendatarios a mí no me dieron apertura.

En la audiencia, que se dio en julio pasado, se resolvió que mis inquilinos dejen el departamento. Y así lo hicieron. Fue un trámite ágil y sin costo.

Yo me quedé con la garantía, que era de USD 150, pero esta no cubrió ni el consumo de los servicios básicos. Sin embargo, no me importó poner la diferencia, porque pienso que esa familia pretendía quedarse de largo en mi propiedad.

Después de esta experiencia decidí volver a ocupar mi departamento con mi familia. Aunque me queda más distante del trabajo
”.

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