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La teoría del terrorismo en la quema de la Contraloría se diluyó; Contralora dice que Secretaría General fue incendiada desde adentro y no desde afuera

Así está hoy el edificio de la Contraloría General del Estado. Foto: EL COMERCIO

Así está hoy el edificio de la Contraloría General del Estado. Foto: EL COMERCIO

Así quedó el edificio de la Contraloría en medio del paro de octubre del 2019. Foto: Archivo EL COMERCIO

Era 13 de octubre del 2019. El paro nacional llegaba a su fin en la noche. Temprano, en las oficinas judiciales de Quito se instalaba una audiencia para procesar a 34 personas que un día antes habían sido detenidas por la quema del edificio de la Contraloría General del Estado durante las violentas manifestaciones.

Para entonces, la Fiscalía anunciaba por sus canales oficiales que las capturas se produjeron por “presuntos actos de terrorismo”. De hecho, así se abrió el expediente penal.

Pero un mes después, la Fiscalía reformuló los cargos y ahora la quema de la infraestructura es indagada por tres delitos: paralización de los servicios públicos, destrucción de registros y sabotaje.

Además, ya no son 34 sospechosos. Tras el cruce de datos y la confirmación de estos, el 31 de marzo pasado solamente 27 fueron llamados a juicio.

¿Por qué se cambió la figura penal? El fiscal del caso, Wilson Toainga, explicó ayer a este Diario que durante la investigación solo se hallaron evidencias sobre los tres nuevos ilícitos y no de terrorismo.

Así está hoy el edificio de la Contraloría General del Estado. Foto: EL COMERCIO

El Código Penal (art. 366) establece que esta última figura se concreta cuando una persona, de forma individual o formando asociaciones armadas, provoca o mantiene en estado de terror a la población.

La defensa de los imputados dice que sus clientes apenas habían llegado a Quito, que no conocían la ciudad, que no estaban asociados y que tampoco tenían armas de fuego.

“Ellos fueron detenidos adentro, pero entraron porque hubo un exagerado bombardeo de gases en el parque El Arbolito. Corrieron y encontraron refugio en la Contraloría, porque estuvo abierta”, indica Ernesto Pazmiño, abogado de una parte de las personas llamadas a juicio. “A dos de mis defendidos les encuentran con litros de leche, vinagre y agua, pues les enseñaron que así podrían proteger a los asfixiados por las bombas lacrimógenas”.

En el expediente se dice que la Fiscalía recabó videos donde se observa el uso de palos, piedras y bombas molotov para destruir las instalaciones.

El 12 de octubre del 2019 fueron detenidos los sospechosos de la quema de la Contraloría.

También hay informes que detallan los daños materiales que sufrió la estructura, versiones de policías e imágenes donde se ve a personas mientras ingresan a la Contraloría.

Según Toainga, para reformular cargos se analizaron esos elementos y se realizó una “apreciación jurídica de los hechos”. Dice que no comparte “el criterio técnico” que utilizó el fiscal de Flagrancia, para procesar inicialmente a todo el grupo por terrorismo.

Asegura que no se logró comprobar que los imputados formaban parte de una asociación armada para mantener en estado de terror a la gente.
La norma penal señala que, en caso de comprobarse, ese ilícito es sancionado con hasta 13 años de cárcel. Los nuevos cargos que enfrentan tienen penas de hasta 10 años.

Cuando se reformularon cargos, el fiscal aplicó la figura legal denominada “concurso ideal de infracciones”. Es decir que la pena mayor absorbería a las menores. Si un Tribunal encuentra culpables a los procesados se aplicaría el delito que tiene la sanción más grave. Así lo establece el art. 21 del COIP.

Infografía con datos del incendio del edificio de la Contraloría General del Estado el 12 de octubre del 2019. Fuente: Fiscalía General / EL COMERCIO

Ahora, las 27 personas llamadas a juicio preparan sus argumentos. El pasado viernes, la jueza Ana Guerrón pidió a la Sala de Sorteo de la Función Judicial que designe un Tribunal para iniciar el juicio.

La contralora subrogante, Valentina Zárate, sostiene que el avance de este proceso ha sido lento. Recuerda que el año pasado, una jueza anuló una parte de la investigación y solicitó realizar nuevas pericias.

Indica que el lugar más afectado fue la Secretaría General. “Esa oficina fue incendiada desde adentro con líquidos inflamables y no desde afuera”. Según Zárate se destruyó el área de documentación y archivo, cauciones y ventanilla.

Según la Contralora, el edificio matriz será reconstruido, luego de que la aseguradora reembolsó el total de la prima.

El 3 de agosto pasado, la Intendencia Nacional de Seguros ordenó a la aseguradora indemnizar a la Contraloría General con USD 12 525 680.

Ayer, el ente de control confirmó que ese dinero ingresó a la Cuenta Única del Tesoro Nacional. Asegura que ya se realizó un proyecto de inversión para que el Ministerio de Finanzas entregue el monto para la reconstrucción. Según Contraloría, dos empresas presentaron sus ofertas. En marzo se adjudicó la obra a una firma y hace nueve días se iniciaron los trabajos.