11 fiscales están saturados con cientos de casos de corrupción
En mayo pasado, agentes allanaron las oficinas de Pamela Martínez, una de las procesadas en el caso Sobornos. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Unos expedientes están apilados sobre los escritorios. Otros están guardados en cajas y anaqueles y sobre sillas. Así lucen las oficinas fiscales en donde se indagan casos de corrupción relacionados con lado, cohecho, enriquecimiento ilícito y concusión.
La Fiscalía apenas tiene 11 fiscales que rastrean estos hechos. Seis tienen a su cargo expedientes en los que están involucrados funcionarios con fuero de Corte, como exministros o exasambleístas.
Otros cinco rastrean a funcionarios de menor nivel que trabajan en entidades estatales del país.
Un fiscal que habló con este Diario dice que este año le llegaron 156 casos de corrupción y que acumula 1 044 desde el 2010 (hasta el 2018). Estas cifras fueron corroboradas con información que remitió la Fiscalía General del Estado.
Con otros agentes ocurre igual. El fiscal reconoce que están abarrotados de trabajo y los casos avanzan lentamente.
Dice que es complicado despachar toda la carga que ingresa y que los procesos que reciben usualmente están relacionados con peculado.
Por ejemplo, la excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) María Sol Larrea fue llamada a juicio hace cuatro días, luego de dos años de que se abriera la investigación por ese delito.
En 20 casos que “más conmocionaron al país” y que fueron expuestos por la Fiscalía, la mayoría de procesos abiertos continúa en indagación previa, es decir, está bajo reserva.
Sobre el expresidente de la República Rafael Correa pesan ocho causas por peculado y delincuencia organizada y siete están en la fase inicial de la investigación judicial.
Con el exvicepresidente Jorge Glas ocurre lo mismo: 16 de 18 expedientes todavía se encuentran en indagación previa. En esa lista aparecen delitos como peculado, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos, delincuencia organizada y concusión. Además, él, Correa y otras 20 personas serán vinculados dentro del caso Sobornos, por los aportes ilegales para Alianza País.
María Arboleda, exintegrante de la Comisión Anticorrupción, dice que de septiembre del 2015 a junio de este año, esta organización ha presentado 17 denuncias por corrupción.
Asegura que ninguna ha pasado de la fase de investigación reservada y que hay quejas porque están “estancadas”.
Una de estas fue presentada hace cuatro años ante el exfiscal General Galo Chiriboga.
En ese caso se mostraron supuestas irregularidades en la adquisición del terreno de la Refinería del Pacífico (RP).
Ese predio, ubicado en El Aromo-Manabí, habría sido adquirido a USD 6,7 millones, cuando un avalúo realizado inicialmente fue solo de USD 121 275.
La Fiscalía advierte que en el caso Refinería del Pacífico existen ocho indagaciones que fueron abiertas y ninguna ha pasado de la fase inicial.
Allí aparecen figuras delictivas que tienen nexos con el lado, tráfico de influencias, lavado de activos, delincuencia organizada y cohecho.
Recursos para indagar
El pasado 16 de enero, el presidente Lenín Moreno dispuso que de forma urgente y prioritaria se entreguen los recursos necesarios para combatir la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción.
En la Fiscalía General se confirmó que el presupuesto con el que cuentan es solo el asignado para este año. Este valor alcanza los USD 145 millones.
Este Diario consultó al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el anuncio del Jefe de Estado, pero no hubo respuesta. Los ingresos anuales han bajado desde el 2014, cuando se entregaron USD 153 millones. La reducción se produce aunque cada año se reportan más delitos en el país.
Del presupuesto de este año, el 92% está dirigido a gasto en personal y el 8% para bienes, servicios e inversión.
El penalista Álvaro Román pide fortalecer a la Fiscalía presupuestariamente, “porque los delitos de corrupción son complejos de investigar”. Por eso, propone crear Fiscalías especializadas en esta materia y capacitar a los agentes.
El 8 de julio pasado, el secretario anticorrupción, Iván Granda, envió un oficio a la Presidenta del Consejo de la Judicatura y planteó que también se creen judicaturas especializadas anticorrupción, para “garantizar los principios de honestidad, eficiencia, eficacia y celeridad en el seguimiento de las actividades judiciales en contra de actos ilegales en la administración pública”.
El viernes, el exlegislador César Montúfar recordó haber presentado tres denuncias en la Fiscalía que no avanzan.
Una tiene que ver con el Metro de Quito y otras dos, con Correa y Glas por delincuencia organizada y concusión.
Dice que ante la acumulación de causas se debería juntar varios procesos relacionados en uno solo. Pone de ejemplo el caso Odebrecht.
De los 10 expedientes que se abrieron por la trama de corrupción perpetrada por esta constructora brasileña, cinco se encuentran en indagación.
Son investigados, por ejemplo, Carlos Pólit, Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera.
En el caso Petroecuador, de nueve causas iniciadas, ocho están en fase reservada, a la espera de diligencias.
La fiscal General del Estado, Diana Salazar, asegura que el ente está comprometido en la lucha contra la corrupción y que no permitirán que los casos queden en la impunidad.
A nivel general, calcula que en el país hacen falta más de 500 fiscales, para poder evacuar todos los procesos que ahora están acumulados. Actualmente, a escala nacional operan 840 agentes investigadores.
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