Las ventanas del segundo piso de una de las casas de la avenida Maldonado están rotas y cubiertas con piezas de madera o cartón. En la parte baja, las puertas de lo que alguna vez fue un local comercial, ahora lucen deterioradas.
El trayecto desde el centro comercial El Recreo hasta el cuartel Epiclachima es un viaje por parajes desolados. Poca gente camina por ahí y los comercios que funcionan son escasos y lucen vacíos.
Uno de los que sobrevive es el local de Ramiro Allauca, de 57 años, donde se instalan carpas de vehículos. Hace dos décadas trabaja en el sector y ha sido fiel testigo de cómo este se ha ido despoblando y atrayendo a maleantes.
Pasadas las 18:00 no hay manera de caminar por el lugar, se lamenta Allauca.
Reconoce nervioso que en el día también es complicado transitar por allí. Desde su puerta ha sido testigo de robos y ataques a transeúntes que circulan frente a los sitios abandonados. De acuerdo con la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles, hay 390 predios que pertenecen al Municipio de Quito. De esos, 144 están sin usarse.
Aunque el Municipio no cuenta con un registro de los inmuebles privados, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) realiza inspecciones de oficio por denuncias ciudadanas a espacios vacíos. Para los propietarios de lotes que no estén cuidados y debidamente cercados, la sanción es de dos Salarios Básicos Unificados, es decir USD 850.
Desde el Municipio no hay claridad sobre el control de predios privados. Solo se sanciona por lotes sin cerrar.
El objetivo de la normativa es “evitar que se conviertan en lugares nocivos para la salud o la seguridad de las personas”. Su ocupación y cuidado es obligación de los propietarios. En 2021 se realizaron 61 inspecciones y 43 terminaron en un proceso administrativo sancionador. En lo que va de 2022 ya suman 71 las revisiones y 31 las sanciones, según cifras de la AMC.
Para María Samaniego, presidenta del Colegio de Arquitectos de Pichincha, lo más importante es que el Cabildo levante datos y elabore un inventario para poder actuar. Un primer paso sería la motivación para habitar esos espacios y crear nuevos hipercentros.
Las causas
Para Alexandra López, presidenta del barrio El Recreo Sur, una de las causas para que prolifere la delincuencia es la falta de policías, lo que incide en que las edificaciones abandonadas se transformen en guaridas para los delincuentes. En su barrio hay una Unidad de Policía Comunitaria, (UPC), pero, según explica, ahora los uniformados trabajan en circuitos.
Su barrio pertenece al circuito Ferroviaria, que aglutina a más de 30 sectores. Alrededor de 65 000 personas están bajo el cuidado de 45 agentes policiales. Para Samaniego, una de las causas del abandono de inmuebles es el crecimiento horizontal de la ciudad. También añade la falta de programas que potencien la calidad de vida en las centralidades.
El abandono de las zonas termina convirtiendo a cualquier estructura en un punto rojo para la urbe.
De ello da cuenta Rocío Albán, quien vive hace dos décadas en la calle Río de Janeiro, cerca del parque El Ejido. En un recorrido de este Diario se pudo contabilizar al menos una docena de viviendas que lucen abandonadas. En sus partes bajas pernoctan personas en situación de calle y algunos han invadido el interior.
Para Albán y su familia, lo mejor es dar una vuelta más larga y rodear la manzana un par de calles. Prefiere no cruzar frente a las casas vacías, donde su hijo de 19 años ya fue víctima del hampa.
Los problemas
Para el experto en seguridad Lautaro Ojeda, el aumento de la delincuencia refleja falta de atención a la población marginada. El manejo de la seguridad es competencia del Estado; no quita responsabilidad al Municipio de mantener espacios dignos y seguros.
Ya que los bienes abandonados son en su mayoría privados, las autoridades sostienen que no pueden llevar un monitoreo adecuado. Para Ojeda, ese problema parte de la falta de articulación entre las diferentes instituciones.
Un policía de El Recreo confirmó que un par de estructuras abandonadas sobre la calle Maldonado son refugio de malhechores que guardan ahí los artículos que roban en el trasporte público y a los transeúntes.
Dice que ellos son conscientes del problema, pero no pueden entrar porque los uniformados son superados en número y, muchas veces, en armas. En Quito los ciudadanos pagan USD 7 millones al año por una tasa de seguridad. Sin embargo, una sentencia de la Corte Constitucional condiciona el cobro a la medición de la satisfacción ciudadana.
Según el urbanista Andrés Cevallos, la inseguridad es solo la punta del iceberg. Los inmuebles abandonados son un problema social, muestran descuido y alejan la participación ciudadana.
