De 2017 a 2022, los homicidios en el país subieron de 5,6 % por cada 100 000 habitantes a un 21% por esa cantidad, una cifra que supera con 3 puntos porcentuales los 18% de crímenes de toda América Latina.
Pasa igual con las matanzas en las cárceles. En 2010, se contaban 10 masacres por año, pero esa cifra se duplicó en 50% en 2018, a 119% en 2019 y llegó a un alarmante 329% de aumento en 2021, siendo las provincias fronterizas de Esmeraldas y Sucumbíos, y costeras Manabí, Guayas, las que ostentan las cifras más altas.
Estos datos fueron entregados por el experto en seguridad, catedrático y doctor en Ciencias Sociales Fernando Carrión en el Foro por la Seguridad de Guayaquil que organizó el colectivo Spartakus, para tratar de entender la problemática de esta urbe, en donde explotan barrios enteros y asesinan a fiscales en pleno centro, como ocurrió este 19 de septiembre, en el exterior de la Fiscalía de La Merced.
La cita en la que Carrión participó como invitado estuvo encaminada a buscar soluciones a la realidad que hoy aqueja a Guayaquil. Carrión explicó que la droga y todo lo que rodea su comercialización es solo uno de los factores que aquejan a este territorio, desde donde se moviliza un 65% de todas las sustancias ilícitas y cuya renta mueve, de acuerdo a sus datos, unos USD 4 000 millones al año, solo en Guayas.
Entender a Guayaquil y su violencia
Con el atentado del pasado 14 de septiembre en la Calle 8, Guayaquil -analiza el experto- pierde la soberanía de su territorio. “Lugares donde no entra policía este rato están siendo manejados directamente por estructuras criminales”, analiza.
Así, Carrión identifica tres tipos de violencia en Guayaquil: la común, en la que entran robos, hurtos y homicidios, y es producto de desigualdades; la discriminatoria, que atañe a crímenes de género, para la que se destina apenas el 5% del presupuesto de seguridad país; y la violencia de mercados ilegales sobre temas de narcotráfico, que tiene sus subgrupos, con consumo, lavado, violencia entre bandas.
“La violencia cambió, se diversificaron las estructuras del narcotráfico con sicariato y extorsiones a los barrios y comerciantes. Las estructuras criminales en el país están más organizadas”, explica, y añade que la reducción de instituciones para la seguridad del Gobierno de Lenín Moreno y la política de declaratorias de emergencia de esa y esta administración actual parecen no dar resultados e incluso agravar el escenario.
La solución debe ser integral
Instalar equipos de inteligencia efectiva, reestructurar el marco legal y reconstruir un sistema de seguridad descentralizado son algunas de las respuestas a la problemática que se pusieron en lista durante el foro virtual, que duró tres horas.
Iveth Estupiñán, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, enfatizó la necesidad de plantear políticas públicas y acciones para la protección de una cultura de paz, como lo demanda el artículo 83 de la Constitución.
Desde su perspectiva, es un abanico de tres artífices claros: Gobiernos, empresa privada y medios. “Una forma creativa de trabajar en comunidad es la participación ciudadana, a través del establecimiento de líderes comunitarios. Esto puede ser posible a través de los consejos ciudadanos sectoriales, que dejaron de funcionar en la administración de Lenín Moreno. Hay que reactivarlos”, dijo.
Una apuesta por la niñez y por el espacio público
Uno de los presuntos sicarios del fiscal asesinado este 19 de septiembre tiene apenas 16 años. Emilene Aguayo, maestra y activista comunitaria, invitada al foro, recordó la necesidad de crear un vínculo entre los jóvenes y el sistema.
Se necesita, dijo, inversión social. Debe ser un eje fundamental. Habló de invertir en las personas y su desarrollo. “Ni menos motos ni más policías. Educación. Protocolo de medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios… Salud, actividades recreativas, protección social. Vivimos en una ciudad que tiene una sola Casa de la Cultura y un solo Museo Municipal. No hemos cubierto las necesidades culturales. La inversión social no es caridad” enfatizó.
Criticó además la forma de desarrollo burbuja. “Nos encerramos y no nos desarrollamos como sociedad. Hay que salir y ocupar espacios para combatir la inseguridad”.
De acuerdo a datos de la Espol, la 14 y Capitán Nájera, y las calles Tungurahua y Gómez Rendón, Machala y Clemente Ballén, así como las ciudadelas Alborada, Urdesa, Miraflores y Kennedy están entre las más peligrosas de Guayaquil.
Más noticias de Ecuador: