Los antimineros esperaron este dictamen en el parque Calderón de Cuenca, que está frente a la Corte Provincial de Justicia de Azuay. Foto: EL COMERCIO
La Corte Provincial de Justicia de Azuay negó la apelación presentada por el Estado para reactivar las actividades en el proyecto minero Río Blanco, ubicado en la zona noroccidental de Azuay. El dictamen fue notificado este viernes 3 de agosto de 2018.
De esta forma se confirma la sentencia de primera instancia, que acepta la acción constitucional por la vulneración del derecho del debido proceso a la consulta previa, libre e informada en la comunidad de Molleturo en relación al proyecto Río Blanco.
En junio pasado, el juez civil de Cuenca, Paúl Serrano, ordenó la suspensión de las actividades mineras en el proyecto Río Blanco, que estaba en la fase de construcción de la mina y explotación anticipada. Entre otras razones, determinó el juez, porque se “vulneraron los derechos al debido proceso a la consulta previa, libre e informada, en las comunidades cercanas al proyecto”.
Los representantes de la minera china Ecuagoldming y del Gobierno nacional argumentaron que el juez Serrano hizo una interpretación errónea sobre lo que dice la Constitución respecto a la consulta previa, por ello apelaron.
Ahora, en este dictamen de la Corte Provincial se revoca la medida de restitución del derecho vulnerado. Es decir, la consulta previa. La razón que emiten los jueces que el pueblo ya fue consultado el 4 de febrero de 2018 con la pregunta 5 del referéndum ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?
En este dictamen, se señala que el resultado de la votación de los habitantes de la parroquia Molleturo (donde está emplazado Río Blanco) fue 67,80% por el Sí y y el 32,20% por el No.
