La Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado comenzó sus operaciones en Quito hace casi un mes.
Los 14 jueces, que superaron el proceso de selección y fueron posesionados el pasado 9 de diciembre, ya trabajan en esa dependencia judicial, ubicada dentro de las instalaciones del Complejo Judicial Norte de Quito.
En esta unidad judicial trabajan alrededor 40 personas. 14 son los nuevos jueces y el resto son secretarios, asistentes y personal administrativo.
Los dos jueces de primer nivel comenzaron a laborar el 19 de diciembre del 2022, mientras que los seis magistrados de Tribunales Penales y los seis de las Salas de Apelación.
Comenzaron a trabajar desde el 27 de diciembre del 2022.
¿Cuál es la función de estos 14 jueces?
Estos magistrados se encargan de juzgar 44 tipos de delitos. Siete de ellos relacionados con actos de corrupción como: peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo.
Los otros 37 ilícitos, que pueden juzgar, son los relacionados con el crimen organizado, entre ellos, genocidio, esclavitud, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, trata de personas, delitos de lesa humanidad, tráfico ilícito de migrantes, secuestro extorsivo, entre otros.
Los procesos penales que lleguen a conocimiento de estos jueces deben cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, el delito debe ser perpetrado por una estructura criminal organizada, las acciones delictivas deben tener connotación nacional o internacional y también deben existir víctimas con graves afectaciones.
Pese a que la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado opera en Quito, esta puede tramitar causas judiciales de todo el país.
Proceso de designación de jueces anticorrupción
A través de un proceso de selección que terminó el viernes 2 de diciembre de 2022, 14 de 425 postulantes fueron designados como jueces anticorrupción por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ).
Los magistrados seleccionados serán capacitados y contarán con la protección necesaria para el cumplimiento de sus actividades, según Fausto Murillo, presidente de la Judicatura.
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