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La incertidumbre se apoderó de las comunidades indígenas fronterizas luego de que se confirmara que tres líderes Awá permanecen desaparecidos en el norte de Ecuador. La Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE), con el respaldo de la organización binacional Gran Familia Awá Transfronteriza (GFAT), emitió una alerta pública denunciando el recrudecimiento de la violencia y la indefensión que atraviesa su población debido a la incursión de grupos armados irregulares y mafias dedicadas a la minería ilegal en sus territorios ancestrales.
La dirigencia indígena identificó de forma puntual a las tres personas que forman parte de sus estructuras comunitarias y de quienes no se tiene rastro:
Las organizaciones exigieron a las instancias estatales el inicio inmediato de brigadas de búsqueda con participación directa de las autoridades y familias indígenas para dar con su paradero.
El deterioro de la seguridad pública derivado de la presencia de estructuras criminales impactó directamente en el acceso formativo de las infancias y adolescencias de la zona.
Frente a la vulnerabilidad en las vías y caminos comunales, la organización informó la suspensión total y definitiva de las jornadas pedagógicas en la escuela ubicada en el Centro Awá Río Tigre, en la parroquia Tobar Donoso, cantón Tulcán, en la provincia de Carchi.
Asimismo, en la Unidad Educativa San Francisco de Palmira, situada en la parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón San Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura, las autoridades resolvieron cancelar las actividades presenciales y aplicar el régimen virtual para proteger la vida de los alumnos y docentes.
Los comunicados de la FCAE y la GFAT subrayaron que la expansión descontrolada de la minería ilegal en el territorio y sus sectores aledaños se convirtió en el principal detonante de amenazas, confrontaciones y riesgos para la supervivencia cultural de la etnia.
A este escenario se suma el rechazo público ante actos de señalamiento, hostigamiento, estigmatización y criminalización en contra de sus defensores y dirigentes. Para la dirigencia, estos ataques buscan debilitar el tejido social de los centros comunitarios e incrementan el riesgo para quienes asumen vocerías territoriales frente a economías ilegales.
En el plano legal e institucional, los representantes del pueblo ancestral demandaron la intervención formal de la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales de derechos humanos y de las fiscalías generales de Ecuador y Colombia. El llamado exige judicializar de forma prioritaria los delitos de desaparición forzada, agresiones físicas, violencia sexual, reclutamiento y desplazamientos forzosos.
Adicionalmente, las comunidades instaron a que se garanticen condiciones reales de no repetición, se brinde protección civil efectiva y se mantenga el respeto a la autonomía comunitaria, sus mecanismos de justicia indígena y su derecho a ejercer el gobierno propio en su territorio.