La audiencia de juicio en contra de la exasambleísta Karina Arteaga y su exasesora de despacho está prevista que se reanude a las 17:00 del próximo lunes 8 de agosto del 2022, en la Corte Nacional de Justicia, en Quito.
En esa diligencia se escucharán los argumentos finales de Fiscalía y de la defensa de las procesadas. Luego, el Tribunal analizará las pruebas presentadas y decidirá si sentencia o no a la exlegisladora y a la otra procesada por presunta concusión, en el caso Diezmos.
El artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una pena de tres a cinco años por este delito.
Durante cuatro días, la Fiscalía presentó al Tribunal 31 testimonios y 24 documentos de prueba. El objetivo fue demostrar que se perpetró el delito. En cambio, la defensa de las imputadas también expuso los argumentos y pruebas para demostrar la inocencia de sus clientes.
Detalles de la causa judicial
La exparlamentaria es señalada por, presuntamente, cobrar dinero a excolaboradores de la Asamblea a cambio de mantener sus puestos.
Las pesquisas señalan que ese dinero fue utilizado para adquirir un vehículo, pagar sus tarjetas de crédito, costear viajes de Arteaga y cubrir gastos personales. Las pesquisas muestran que en total habrían depositado USD 44 950.
Entre las evidencias presentadas por Fiscalía consta el informe de un perito contable y financiero. Ahí se concluyó que hubo transferencias a la cuenta de la exjefa de despacho de Arteaga por un monto de USD 10 491. Y que ese dinero fue entregado por los excolaboradores de su oficina.
Además, la pericia identificó otro monto de USD 8 854 pagados en dos tarjetas de crédito por personas que trabajaban con Arteaga en su despacho y por funcionarios públicos de Manabí.
Entre los testigos de Fiscalía hubo una excolaboradora que aseguró que la Asamblea les pagaba USD 2 781 de sueldo, pero que solo conservaban 400. El resto del dinero, supuestamente, le entregaba a Arteaga, en su domicilio.
Otra testigo dijo que le pidieron USD 75 como aporte para el movimiento político al que pertenecía la exasambleísta y al no aceptar dicha condición fue desvinculada de su cargo en el Legislativo.
Postura de la defensa
La defensa de Arteaga dijo al Tribunal que hay versiones de personas que laboraron con Arteaga, quienes señalaron que jamás les pidieron hacer un depósito o aporte económico para mantener su cargo.
También expuso informes de gestión donde consta que cuando los colaboradores de Arteaga renunciaban, le agradecían por la oportunidad laboral brindada.
Además, la defensa de la exasambleísta dijo que no hay evidencias que demuestren que su cliente cometió el delito de concusión y aseguró que su patrimonio no incrementó.