La intervención cuenta con 260 policías y 280 militares. Y el objetivo es la recuperación del espacio público en Socio Vivienda 2, al noroeste de Guayaquil. La Fuerza Pública inició este jueves 8 de septiembre de 2022 una segunda etapa de intervención tras la violencia desatada por los enfrentamientos armados entre dos bandas narcocriminales.
Con colaboración del Municipio de Guayaquil y del consorcio de recolección de basura Urvaseo se empezaron a eliminar de las paredes grafitis y murales con nombres y símbolos de las bandas. La pintura verde cubrió a tigres, lobos o grandes murales con los colores de la bandera de México (por vinculación de las bandas con carteles mexicanos de la droga).
Además, se identificaron y allanaron tres nuevas viviendas que estarían siendo utilizadas por los grupos de delincuencia organizada como centros de acopio. Pero también son presuntamente lugares para cometer delitos como secuestro exprés. En un inicio se identificaron al menos una veintena de casas usadas con estos fines.
La militarización de Socio Vivienda 2 inició el 2 de septiembre, en el marco del estado de excepción en la ciudad, que se extenderá hasta mediados de septiembre. Los tiroteos nocturnos con fusiles en las calles provocaron pavor a inicios de mes en ese sector. Es más, la propia Policía fue recibida a disparos cuando respondió a las alertas.
Familias desplazadas y casas ocupadas por bandas
El coronel Diego Hidalgo, jefe del Distrito Nueva Prosperina de Policía, habló de los allanamientos a tres viviendas. Y sostuvo que la delincuencia organizada ha desplazado de sus casas a los dueños de los inmuebles, bajo amenazas y extorsiones. Algunas de estas casas cuentan con sus ventanas clausuradas con ladrillos y cemento.
La Policía Nacional tiene georeferenciados estos domicilios. Las casas que se intervinieron este jueves 8 se encuentran desocupadas; los miembros de bandas habrían salido del lugar. Un helicóptero de la Fuerza Aérea sobrevuela la zona.
Hidalgo indicó que cuentan con información de que estos inmuebles fueron usados para secuestros extorsivos. Las víctimas son conductores de taxis informales, a quienes robaban y mantenían retenidos mientras en los vehículos se cometían otros delitos en la ciudad.
El oficial comentó que es necesario que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) adelante un censo. Esto, para determinar las casas ocupadas por sus propietarios en el plan de vivienda social.
“Las casas que hemos intervenido están deshabitadas, vamos a coordinar con Miduvi para que tomen las acciones que correspondan”, dijo Hidalgo. “Grupos de delincuencia organizada han hecho salir de aquí a las familias a través de amenazas”, ratificó.
La situación de violencia e inseguridad en el plan habitacional está patente también en los cerramientos con los que se han cerrado el paso el callejones. Aunque ello también dificulta el ingreso de las unidades de Policía, que cortaron candados y forzaron puertas de viviendas. En el inicio de la intervención se eliminaron muros y reductores de velocidad que dificultaban también el patrullaje de la policía.