La jueza Verónica Medina aseguró que el 13 de julio del 2021 el Ministerio de Gobierno y la Comandancia de Policía “fingieron” hacer una reunión para calificar el ascenso del general Víctor Araus y tres oficiales más.
Diego Chimbo, abogado de Araus, explicó que su cliente fue desvinculado de la Policía, en agosto de este año, con un informe emitido por la comandante general, Tannya Varela y por el entonces ministro de Gobierno, César Monge (+). En ese documento se estableció una calificación de 10,76 puntos sobre 20, que no le permitió ascender de grado.
El abogado aseguró que nunca se dio una reunión para analizar si cumplía o no los requisitos para ser ascendido, como determinan las normas. “Supuestamente, la reunión se hizo por videollamada de WhatsApp, pero no hay registros, grabaciones ni el número telefónico desde donde se hizo la llamada”, explicó Chimbo.
Por esa razón, Varela también enfrenta una investigación previa en Fiscalía. En octubre de este 2021, Araus la denunció por presunta falsedad ideológica.
El pasado 8 de diciembre del 2021 se conoció que la jueza Medina concedió la acción de protección a Araus y fue reintegrado en la Policía. La magistrada aseguró que el hecho de que la reunión haya sido fingida vulneró el derecho al trabajo, al debido proceso y a la seguridad jurídica.
Este Diario confirmó que Araus comenzará a trabajar nuevamente en la Policía el lunes 13 de diciembre del 2021.
Ese día, el oficial conocerá, a través de un memorándum, en qué unidad policial es designado y cuál será el cargo que desempeñará. Él se reincorporará con el grado, derechos y condiciones a los que hubiese accedido desde su cesación.
El último cargo que ocupó Araus antes de ser desvinculado fue en la Dirección Financiera de la Policía. La comandante Varela es quien decide si lo regresa a ese mismo puesto o si le cambia a otro.
Actualmente, está en marcha una apelación al fallo judicial emitido por la magistrada Medina. Ese recurso legal fue interpuesto por la Presidencia del Ecuador, el Ministerio de Gobierno y la Presidencia del Consejo de Generales de la Policía Nacional.
Chimbo sostiene que la interposición de esa apelación no suspende la decisión adoptada por la jueza de primera instancia. Así lo establece el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Ahora, la apelación debe ser tramitada por un Tribunal de Corte de Pichincha. Desde que los magistrados reciban el expediente de la causa tendrán ocho días para resolver. Así lo señala esa misma normativa.
“La Corte Provincial avocará conocimiento y resolverá por el mérito del expediente en el término de ocho días. De considerarlo necesario, la jueza o juez podrá ordenar la práctica de elementos probatorios y convocar a audiencia, que deberá realizarse dentro de los siguientes ocho días hábiles”, dice esa ley.