Un juez dictó prisión preventiva y otras medidas cautelares para 17 personas investigadas dentro del denominado caso Plaga, este 30 de junio de 2024.
Las investigaciones buscan desmantelar una presunta red de delincuencia organizada que habría manipulado el sistema judicial para liberar a reclusos en Ecuador.
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La Fiscalía publicó detalles de cada uno de los 17 procesados, que fueron detenidos el 29 de junio de 2024 en ocho provincias del Ecuador. Ellos se suman a la larga lista de investigados en este caso.
Entre los detenidos hay jueces, exjueces, servidores judiciales, abogados y más. La Fiscalía publicó las causas por los que se los vincula a cada uno de ellos en esta trama de corrupción judicial.
Los nuevos vinculados en el caso Plaga
Cristian Giovanny R. M., presunto Líder de la Organización Criminal.
Según la Fiscalía, Cristian Giovanny R. M. direccionaba, planificaba y coordinaba las estrategias para liberar a personas privadas de la libertad. Su participación estaba dirigida a gestionar los traslados de un Centro de Rehabilitación Social a otro, cuya jurisdicción era controlada por sus operadores judiciales.
Además, procuraba coordinar las intervenciones en las audiencias previamente arregladas con sus socios jurídicos. También tramitaba la emisión de certificados médicos adulterados con el fin de que sean utilizados como insumo dentro de los recursos de garantías jurisdiccionales y medidas cautelares aplicadas.
Sus acciones se ponían en marcha a través de sobornos a funcionarios del sistema penitenciario, secretarios de unidades judiciales, personal administrativo a cargo de los sorteos de causas, jueces de unidades judiciales, hasta llegar a jueces del más alto nivel.
Jorge Ecuardo A., juez de Unidad Judicial Penal de Santo Domingo.
Su participación habría radicado en otorgar la libertad a los colaboradores de uno de los líderes del Los Lobos, Fabricio Colón Pico, con el pago de 70 000 dólares que Cristian R. M. le habría entregado a cambio de aplicar ilegalmente el efecto inter communis (beneficios a terceros) dentro de una acción de habeas corpus.
Además, habría facilitado un perjuicio de 7 millones de dólares en contra del GAD Municipal de Loja, previo acuerdo con los líderes de este grupo criminal en la acción de protección presentada por parte de una constructora.
Jonathan Roberto A. S.
Esta persona habría participado en su rol de facilitador de la cúpula criminal en actividades de diversa índole. Por ejemplo, redactar las demandas de medidas constitucionales y las resoluciones para los jueces que liberaban ilegalmente a ciudadanos recluidos en centros de privación de libertad.
Además, de intervenir en la gestión de pago de sobornos a jueces y prestarse como accionante en diversas medidas cautelares previamente acordadas con los operadores de justicia. Su acción habría beneficiado a líderes de grupos delictivos y políticos.
Xavier Raul A. B., exfuncionario del Centro de Privación de Libertad Azuay N° 1.
Se dedicaba a manejar el área jurídica del Centro de Privación de Libertad Azuay. Esto le permitía facilitar la emisión de boletas de excarcelación, así como captar a personas privadas de la libertad para conseguir beneficios económicos a cambio de lograr su ilegítima liberación.
Javier Enrique G. C., abogado colaborador de Cristian R. M. (Procesado en Metástasis)
Su participación habría consistido en facilitar la entrega de sobornos a operadores judiciales. Así como el manejo de los beneficios económicos obtenidos por el grupo organizado, a cambio de las resoluciones favorables para las personas privadas de la libertad.
También redactaba los documentos jurídicos para poner en marcha las resoluciones previamente pactadas. Lo hacía a través de sobornos y comparecía como abogado autorizado en varias de estas acciones jurisdiccionales.
Bryan Guillermo P. Z., abogado en Libre Ejercicio.
Habría colaborado con el grupo criminal en la gestión de pagos a funcionarios judiciales. Prestó su credencial de abogado, a fin de presentar una acción de protección con medida cautelar en favor de los líderes del Los Lobos José Andrés M. B., alias ‘San Andrés’, y Wilson P. C., alias ‘Brazudo’.
Danny Andrés O. Z., exfuncionario de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura y Funcionario del SNAI en el Centro de Privación de Libertad de El Oro.
Sus actividades habrían facilitado la emisión de boletas de excarcelación en dicha provincia a cambio de beneficios económicos.
Así mismo, es preciso recalcar que dicho operador actuó como emisario del líder de la cúpula criminal, Lenin V. V. (procesado en esta causa), en El Oro, siendo también el contacto de funcionarios judiciales.
Luis Alberto L. L., juez del Cantón Huaquillas.
Su participación habría estado destinada a emitir la resolución favorable de acción de protección con medida cautelar y, en consecuencia, las respectivas boletas de excarcelación en favor de los líderes del grupo delincuencial, denominado Los Lobos, José Andrés M. B., alias ‘San Andrés’, y Wilson P. C., alias ‘Brazudo’, a cambio de 30 000 dólares, entregados en dos partes por el abogado Lenin V. V., miembro de la cúpula de esta estructura criminal (procesado).
En este contexto, el hoy procesado, habría depositado en su cuenta personal, durante varios días, entre 2 000 y 3 000 dólares.
Jorge Efraín M. B., juez de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Habría colaborado con la presunta cúpula criminal, aceptando una acción de habeas corpus para favorecer a un procesado por tráfico de migrantes, a cambio de 60 000 dólares que habrían sido gestionados por el presunto líder, Cristian R.
Patricio Armando C. C., juez de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Su rol de colaboración sería similar al del procesado Jorge Efraín M. B., pues también formó parte del Tribunal que resolvió la acción de habeas corpus a favor de un procesado por tráfico de migrantes, a cambio de 60 000 dólares.
Galo Efraín L. G., juez de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Habría colaborado desde su rol de operador de justicia. También formó parte del Tribunal que emitió la resolución favorable de una acción de habeas corpus que permitió la libertad de un procesado por tráfico de migrantes, a cambio de 60 000 dólares.
Víctor Samuel V. N., abogado
Abogado en libre ejercicio que habría facilitado -por medio de su pareja sentimental, María José L.- el sorteo de la causa destinada a la liberación de líderes del grupo Los Lobos, Luis Alfredo A. y Jairo Fernando Z., a cambio de 35 000 dólares que habrían sido repartidos entre él y el juez sorteado, Franklin T. (también procesado).
Mellani Dayana A. T.
Habría sido la encargada de gestionar los beneficios económicos percibidos por Cristian R. (también procesado) y habría intervenido en el direccionamiento de sorteos de varias causas destinadas a la liberación ilegítima de personas recluidas en centros de privación de libertad, gracias a sus vínculos de parentesco con la jueza Anabel T.
Michael Ismael H. S.
Su colaboración se habría desarrollado en la Corte Nacional de Justicia, gestionando una resolución favorable -en casación-, a favor de un sentenciado por oferta de tráfico de influencias, a cambio de 50 000 dólares, entregados por el líder de la organización, Cristian R.
José Xavier G. H., juez del Cantón Santo Domingo.
Juez del cantón Santo Domingo que habría colaborado con Cristian R. y Lenin V. (ambos procesados). Él conoció el habeas corpus presentado a favor de un sentenciado por violación, resolviendo otorgar la libertad, fundamentado en certificados médicos falsos y a cambio del pago de un soborno de 10 000 dólares.
Banny Rubén M. B., juez de Garantías Penitenciarias de Manabí
Habría colaborado con los líderes de la organización criminal, Cristian R., Lenin V. y Alexander L. (también procesados) en la emisión de su resolución favorable de habeas corpus en favor de Daniel S. y el expvicepresidente, Jorge G. E.
Asimismo, esas decisiones habrían sido pactadas a cambio de recibir pagos de dinero por medio de sus hermanos, quienes registran depósitos bancarios provenientes del procesado Lenin V. por 6 000, 27 500, 7 000, 15 500 y 3 000 dólares.
Adriana Carolina Z. C., jueza de la Unidad Judicial del Cantón Milagro.
La jueza conoció la acción constitucional de habeas corpus, otorgando a favor de Andreina O., pareja sentimental del líder del grupo Los Lobos, Wilson P., alias ‘Brazudo’, autor del asesinato de Leandro Norero, mediante la utilización de informes médicos adulterados.
Dicha gestión fue promovida por Cristian R. y Lenin V., líderes de la presunta organización delictiva.