La Fiscalía General del Estado ejecutó una serie de operativos en ocho provincias del país como parte del caso Plaga. Esta investigación tuvo como objetivo desmantelar una presunta red de delincuencia organizada que habría manipulado el sistema judicial para liberar a reclusos a cambio de sobornos o favores.
Más noticias
Los operativos se realizaron en las provincias de El Oro, Manabí, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas en la región costera, y en Azuay, Pichincha, Chimborazo y Tungurahua en la región andina.
Como resultado, 14 personas fueron detenidas, entre ellas exjueces, funcionarios judiciales, policías y abogados.
Según la Fiscalía, los implicados habrían utilizado acciones constitucionales para liberar a individuos de alta peligrosidad, otorgándoles la libertad mediante maniobras legales y abuso del derecho. Este esquema permitió que los beneficiados evadieran la justicia aparentando legalidad en sus procesos.
Delitos investigados en el caso Plaga
La Fiscalía informó que los delitos investigados en el caso Plaga incluyeron tráfico de influencias, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Entre enero de 2022 y marzo de 2023, 241 presos salieron de prisión alegando enfermedades o condiciones de riesgo no probadas en audiencia, pero que convencieron a los jueces mediante hábeas corpus, un recurso judicial destinado a proteger la libertad personal.
Basado en los elementos de convicción individualizados para cada procesado, el Fiscal Provincial de Pichincha solicitó la prisión preventiva para Hugo Alexander L. O. y Lenin Javier V. (organizadores), así como para otros 12 colaboradores.
En el caso de María José L. C., debido a su estado de gestación, la Fiscalía pidió medidas alternativas a la prisión preventiva, como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas tres veces por semana.
La Fiscalía formuló cargos por el delito de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente hasta antes de la reforma de marzo de 2023, ya que los hechos se cometieron antes de esa fecha.
En un comunicado, la Fiscalía reiteró su compromiso de erradicar la corrupción en las instituciones del Estado, resaltando la profunda infiltración de estas prácticas corruptas en el sistema de justicia.