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El presidente Daniel Noboa Azín emitió el martes 4 de noviembre el Decreto Ejecutivo 202, mediante el cual declara el estado de excepción en Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro. Además, en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).
La decisión responde al accionar de grupos criminales organizados que buscan el control territorial en la Costa y parte de la Sierra del Ecuador.
Esta medida, vigente por 60 días, tiene como objetivo fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el orden público.
El estado de excepción es una medida de carácter extraordinario y temporal que permite a un Gobierno suspender temporalmente ciertos derechos ciudadanos.
Esta medida se puede aplicar solamente en graves crisis, como desastres naturales, graves alteraciones del orden público o situaciones que amenacen la seguridad del Estado.
Tiene como objetivo garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de los ciudadanos.
Uno de los derechos suspendidos es el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Es decir, que se pueden realizar inspecciones, allanamientos y requisas por parte de la Policía y Fuerzas Armadas. También la toma física de los materiales o instrumentos que se considere que sirven para el cometimiento de delitos, a fin de neutralizar amenazas.
Además, se suspende el derecho a la libertad de reunión, lo cual impide cualquier acción
que afecte la seguridad y el orden público.
Se suspende el derecho a la inviolabilidad de correspondencia, es decir, que se pueden identificar, analizar y recopilar mensajes, comunicaciones, cartas o misivas físicas o electrónicas. Esto a fin de identificar comunicaciones que estén involucradas en el ocultamiento de alguna conducta ilícita.
El estado de excepción contempla, además, la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en las zonas incluidas en el decreto.
Esta medida puede incluir o no un toque de queda.
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