Cuatro proveedores acapararon el sistema de pujas
El 3 de junio del 2020, los agentes allanaron el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Foto: FIscalía
La puja comenzó a las 10:47 del 30 de abril del 2019. El hospital Básico de Latacunga intentaba comprar químicos para esterilización. Había un presupuesto de USD 47 556.
Dos proveedores presentaron proformas que aparentaban tener precios menores.
Para escoger al ganador se recurrió a la subasta inversa electrónica, un procedimiento de contratación pública en donde los oferentes pujan hacia los valores más bajos.
En este proceso, el primer vendedor abrió la competición con una oferta de USD 46 936. Nueve minutos después, el segundo propuso USD 46 934. Luego, el primero se bajó a USD 45 800.
Pasaron seis horas y 45 minutos y ninguno de los dos interesados modificó su propuesta.
De esta forma, la adjudicación se cerró con el valor más bajo, que era de USD 45 800.
Esta información hoy consta en el portal del Servicio de Contratación Pública. En apariencia todo parecía legal.
Sin embargo, la Fiscalía abrió una investigación penal por delincuencia organizada y se analiza el uso de las subastas inversas electrónicas para justificar las adquisiciones de material sanitario con aparentes costos menores, pero que en realidad tendrían sobreprecio.
De hecho, un año después de la puja para la adquisición de estos químicos de esterilización se conoce que entre el 2010 y el 2020, el proveedor que ganó el proceso ha obtenido 95 contratos con hospitales del Estado y ha facturado USD 35,6 millones en ventas.
Las indagaciones además muestran que en esos años, los nombres de cuatro proveedores se repiten en 124 subastas.
Ganaron por lo menos USD 57,6 millones en contratos. Pero en la Superintendencia de Compañías (SC) ninguno consta como propietario de empresas. Todo lo obtuvieron como personas naturales.
Los datos son rastreados. La hipótesis de la Fiscalía es que entre los cuatro proveedores acaparan los contratos hospitalarios, pues en las pujas competían mutuamente y así se aseguraban de ganar.
Esto ocurría pese a que otras compañías ecuatorianas y extranjeras también presentaban sus proformas, pero eran descalificadas en el proceso.
Este modo de operar se evidencia además en una compra del 30 de mayo del 2019.
Ese día, un proveedor ganó un contrato con el Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil por USD 1,9 millones.
La idea fue equipar con material sanitario el área de emergencia. En esa subasta compitió un segundo vendedor, pero perdió. Siete días después, este mismo centro convocó a otra subasta para conseguir implantes de titanio para cirugías de reconstrucción facial.
Esta vez, el ganador fue el proveedor que había perdido en el anterior proceso.
10 días después, el Hospital Baca Ortiz de Quito llamó a una subasta para adquirir dispositivos para fijar columnas vertebrales para pacientes de 8 años. Ahí, en cambio, ganó uno de los ofertantes que antes también había perdido en el Teodoro Maldonado Carbo.
El contrato de ese entonces fue de USD 245 000.
Las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) señalan que los cuatro proveedores ahora indagados no actuaron solos, sino que serían testaferros de una compañía más grande que en este momento es investigada.
El pasado 18 de junio, policías y fiscales allanaron sus oficinas que están en Quito.
En ese momento, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que esa firma será ‘pieza clave’ en las indagaciones para aclarar la trama de corrupción en los hospitales.
Las pesquisas determinaron que esa empresa incluso pagó “comisiones” a los cuatro proveedores indagados.
Esas transacciones constan en los estados financieros fechados al 31 de octubre del 2018, cuyos respaldos se encuentran en la Superintendencia de Compañías.
Por ejemplo, la empresa indagada hizo pagos de USD 3,4 millones para estos proveedores, sin ninguna justificación.
En su contabilidad no aparecen facturas o comprobantes de esas transacciones.
En contexto
La corrupción en los hospitales del Estado estalló en medio de la pandemia por el covid-19. Los primeros casos se conocieron en Guayaquil, tras la compra de fundas para cadáveres y mascarillas con sobreprecio. Las pesquisas se extendieron a otros centros.
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