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La presión en San Lorenzo llevó a narcos a usar nuevas rutas

Militares vigilan en el retén situado a un kilómetro de la población  de Mataje. Foto: ARCHIVO / EL COMERCIO

Militares vigilan en el retén situado a un kilómetro de la población de Mataje. Foto: ARCHIVO / EL COMERCIO

Militares vigilan en el retén situado a un kilómetro de la población
de Mataje. Foto: ARCHIVO / EL COMERCIO

En la frontera norte hay más militares. Los patrullajes se incrementaron. Los pobladores de San Lorenzo dicen sentirse más tranquilos, mientras que las mafias del narcotráfico abrieron nuevas rutas para sacar la droga desde Colombia.

Ese es el panorama que se vive en esa zona, un año después de que Javier, Paúl y Efraín fueran secuestrados en Mataje (Esmeraldas) y posteriormente asesinados.

Las investigaciones muestran que el bloqueo de los puntos ilegales de Esmeraldas hizo que los narcos tomaran los corredores clandestinos de Sucumbíos, Orellana y Napo.

El recorrido sigue por Pichincha, Santo Domingo, para llegar a los puertos, playas y zonas como las de Manabí.

De hecho, el 11 de marzo, una avioneta cargada con droga se estrelló en Montecristi.

Los agentes detectaron que en esa provincia, los narcotraficantes operan con “coordinadores logísticos”, que reclutan al personal que transportará los alcaloides y a quienes darán seguridad a las cargas.

Las investigaciones muestran que esas redes están en Jaramijó, Cojimíes, Jama, Pedernales, San Vicente y Bahía.

Los policías dicen que sus operaciones se han desplegado en todos los sectores.

Tras el crimen de un agente en Sucumbíos (12 de enero pasado), los investigadores dijeron que en la zona fronteriza de esa provincia operan grupos armados liderados por personas identificadas como ‘Sinaloa’ y ‘La Constru’. Según el rastreo realizado, sus redes delictivas coordinan el paso de la droga desde el Putumayo colombiano hasta Sucumbíos.

De esta forma logran desfogar la presión de San Lorenzo, en donde los homicidios pasaron de 12 en el 2017 a 10 en 2018.

Para Demecio Molina, presidente de la Asociación Provincial de Derechos Humanos, esta es una reducción mínima, “si se toma en cuenta el fuerte despliegue de fuerzas públicas”, que mantuvieron la seguridad en la zona, por ejemplo, durante tres estados de excepción decretados a raíz del incremento de la violencia.

El primero fue declarado el 27 de enero, el segundo el 29 de marzo y el último el 28 de abril.

Antes del estallido del coche bomba (27 de enero del 2018), San Lorenzo reportaba muertes violentas especialmente en zonas cercanas a Colombia.

En el 2017, el 33% de estas muertes violentas ocurrió por violencia criminal; es decir, por ajustes de cuentas o después de recibir amenazas.

El juez Óscar Corozo, que manejó el caso de los 27 procesados por tener nexos con ‘Guacho’, dice que ahora en la ciudad se respira más tranquilidad.Pero estas mafias también mutaron y llegaron a las minas de Buenos Aires, en Imbabura.