14 personas investigadas por sobreprecios en Guayas
Policías recogen evidencias en casa de un contratista del Hospital Guasmo Sur. Foto: Policía.
Las investigaciones por posible peculado en dos hospitales de Guayaquil se concentran en 10 funcionarios y cuatro contratistas. Ellos fueron parte de la adquisición de bolsas para cadáveres durante la emergencia sanitaria. Agentes de la Fiscalía han rastreado a los sospechosos y ya tienen pistas sobre su participación.
Dos informes de la Contraloría son parte de las evidencias que analizan los investigadores. Uno de esos documentos tiene relación con la compra de 144 bolsas que realizó el Hospital del Guasmo Sur, el pasado 18 de marzo. Ese día, la casa de salud pagó USD 20 917 por esos insumos. Es decir, USD 145,26 por cada funda, pese a que en el mercado se ofertaban desde USD 12.
La Contraloría, en su informe, señala que existe responsabilidad penal de los funcionarios que participaron en el contrato. En esa negociación figuran los nombres de siete empleados de la casa de salud, de los cuales cuatro tenían puestos encargados, dos eran parte del área financiera y el último es el Gerente.
Entre las seis conclusiones que estableció la Contraloría están que “no se invitó a otros proveedores ni se consideró los procesos anteriores” que realizaron otras instituciones públicas para conseguir esos insumos. También se indica que la contratista “no estaba registrada en el clasificador central de productos del Sistema de Contratación Pública”.
Pero la Fiscalía no solo investiga a los siete funcionarios por esta compra. Ellos también gestionaron otros dos contratos que el Hospital del Guasmo Sur realizó para adquirir más bolsas de cadáveres. Las adjudicaciones se concretaron el 2 y el 8 de abril. En el primero se compraron 600 fundas y cada una tuvo un valor de USD 131,20. En el segundo, en cambio, se compraron 120 bolsas a USD 140 por unidad.
En total, la casa de salud pagó por las tres adquisiciones USD 116 436. Los tres procesos fueron investigados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). La entidad interpuso una denuncia penal por los presuntos sobreprecios en las compras. También enviaron a la Contraloría y a la Fiscalía un informe de responsabilidades penales en contra de los funcionarios. En el documento, al que tuvo acceso este Diario, el Cpccs menciona que también se debe investigar un posible delito de asociación ilícita.
Esto ocurre porque los contratos se firmaron con distintos proveedores sobre un mismo producto y con un similar valor unitario. “Hechos que pueden estar presuntamente relacionados con acuerdos colusorios entre servidores públicos encargados de los procesos de contratación, oferentes y contratistas relacionados, con el fin de abusar de recursos públicos”, señala el documento. Por eso, piden que se indague a los tres contratistas.
La fiscal del Guayas, Janine Villagómez, confirmó que un grupo de investigadores coteja la información de las denuncias. Además, añadió que la investigación está en la fase de reserva del caso, para evitar que haya fuga de información.
Dijo que en los próximos días se conocerá si hay indicios para formular cargos. En la misma fase inicial están otras investigaciones sobre compra de insumos.
Una situación diferente ocurre en la investigación que la Fiscalía lleva por las compras que realizó el Hospital Los Ceibos del IESS. Tres funcionarios de esa casa de salud y un contratista están detenidos. Son indagados por peculado en la adquisición de 4 000 bolsas para cadáveres con un precio unitario de USD 148,50. La Policía busca a tres personas más que estarían involucradas.
La Contraloría emitió un informe de responsabilidades penales en contra de los funcionarios. Ahí se detallan cinco conclusiones. Entre las observaciones, el ente de control indica que “no se demostró documentalmente la solicitud de cotizaciones a otros proveedores y la elaboración de un estudio de mercado”.
De allí que determinaron que existe un exceso de USD 137,18 en cada funda. El costo global de la compra fue de USD 548 720. Sin embargo, representantes de la empresa han señalado que no hubo sobreprecio y que el proceso se llevó conforme a la Ley de Contratación Pública.
Documentos que forman parte de la investigación fiscal advierten que el monto de la compra es superior al patrimonio de la empresa. Por eso, los agentes actualmente revisan el contenido de cuatro carpetas, una libreta, un computador y un teléfono. Esas evidencias fueron incautadas en dos inmuebles de Quito que fueron allanados el pasado 4 de mayo. Uno de estos era la oficina de la proveedora.
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