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La justicia ecuatoriana impuso una sentencia condenatoria de 40 años de privación de libertad contra Richard A., señalado como autor del asesinato de su hija de seis meses en Loja.
El Tribunal de Garantías Penales adoptó la resolución luego de que la Fiscalía General del Estado sustentara la culpabilidad del procesado mediante pruebas periciales, testimoniales y documentales recabadas tras los hechos violentos cometidos en el sur del país.
El fallo judicial determinó la pena máxima aplicable para el acusado tomando en cuenta las circunstancias agravantes acreditadas durante las etapas del juicio.
El artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de 26 a 30 años de cárcel para el tipo penal de asesinato; no obstante, los magistrados aplicaron el incremento punitivo al justificarse la agravante estipulada en el numeral 11 del artículo 47 de la normativa penal vigente.
El suceso ocurrió el 6 de diciembre de 2025 en el interior de un inmueble situado en el barrio Menfis, en la ciudad de Loja.
De acuerdo con la acusación fiscal, el agresor acudió a la vivienda que compartía con su conviviente y la infante, propinando múltiples ataques físicos contra ambas personas, lo que les ocasionó heridas de gravedad.
Moradores de la zona alertaron a los agentes policiales, quienes acudieron a la residencia para intervenir en el sitio y aprehender al implicado.
Al arribo de los uniformados, la menor de edad permanecía en estado de inconsciencia, por lo que fue llevada de emergencia hacia una casa de salud para recibir asistencia especializada. Pese a las maniobras médicas, los profesionales sanitarios confirmaron su deceso horas después.
Paralelamente, la madre de la víctima fue ingresada para ser atendida por los daños físicos recibidos durante el ataque doméstico.
En la audiencia de juzgamiento, el Ministerio Público expuso el informe de autopsia, el cual ratificó que la causa del fallecimiento correspondió a traumatismos severos en la cabeza derivados de los golpes.
Asimismo, se adjuntó el peritaje médico-legal de la conviviente, que fijó ocho días de incapacidad física. El expediente probatorio incluyó el testimonio de los policías aprehensores, el informe de inspección técnica ocular, un análisis psicológico del entorno social y un examen genético de ADN que certificó que el sentenciado era el padre biológico de la menor.
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