Ola Bini afirma que fue deportado de Ecuador y cuestiona las razones de su expulsión

Su abogado cuestiona el procedimiento migratorio, mientras el ciudadano sueco denuncia falta de acceso a documentos reservados.

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El ciudadano sueco Ola Bini aseguró que las autoridades ecuatorianas lo deportaron durante la madrugada del viernes 2 de octubre de 2026, horas después de retenerlo en Quito y trasladarlo a las oficinas de Migración. El extranjero informó sobre su salida del país mediante una publicación en su cuenta de X, en la que cuestionó la decisión de las autoridades y afirmó que su defensa no pudo conocer los documentos que justificaron la medida.

La deportación se concretó mientras, según Bini y su defensa, la justicia todavía no resolvía el recurso de habeas corpus presentado antes de la audiencia migratoria. El ciudadano sueco afirmó que las autoridades lo consideraron una amenaza para Ecuador, con base en un informe secreto. Su abogado, Carlos Soria, también cuestionó la actuación administrativa y aseguró que la decisión incluyó la prohibición de ingreso al país durante 10 años.

Ola Bini cuestiona la deportación y el uso de informes reservados

El 1 de octubre de 2026, las autoridades trasladaron a Ola Bini a las oficinas de Migración. Según su defensa, en ese momento no precisaron «ninguna orden de detención, retención o captura emitida por una autoridad judicial competente».

Tras su aprehensión, las autoridades fijaron una audiencia de deportación para la noche del jueves. Sin embargo, durante la madrugada siguiente, Bini comunicó que ya se encontraba en el aeropuerto.

«Ahora estoy en el aeropuerto rodeado de policías. Un informe secreto dice que soy una amenaza para Ecuador, así que fui deportado de inmediato», escribió en sus redes sociales a las 01:42 del 2 de octubre.

El extranjero sostuvo que las autoridades decidieron su salida sin esperar una resolución judicial sobre el habeas corpus que presentó antes de la audiencia de deportación. También afirmó que desconocía las razones por las que dispusieron su expulsión.

Bini aseguró que las autoridades justificaron la medida con un informe fechado en marzo de 2026. Según explicó, su defensa no ha podido acceder a ese documento, lo que, a su criterio, le impide conocer los argumentos utilizados en su contra.

«Es imposible defenderse contra lo que no te permiten saber», manifestó.

Además, cuestionó el tiempo que transcurrió entre la elaboración del informe y la decisión de deportarlo. «No actuaron sobre (el informe) hasta hoy, casi seis meses después. ¿Qué pasó que lo hizo tan urgente?», preguntó.

El documento de Amicus Curiae presentado dentro del proceso también recoge la referencia a una supuesta amenaza para el país. Según ese escrito, las autoridades han justificado la revocatoria de la visa y/o la deportación de Bini por motivos de «amenaza y riesgo contra la seguridad pública y la estructura del Estado». Para sustentar esa decisión, habrían recurrido a documentos o informes clasificados como secretos o reservados.

Su abogado, Carlos Soria, cuestionó la actuación de las autoridades migratorias y calificó la medida como una vulneración de derechos.

«Hoy se concretó la vulneración de derechos más arbitraria de la que he sido testigo. Una funcionaria administrativa ordenó la deportación inmediata de Ola Bini sin ningún motivo o prueba», afirmó.

Soria añadió que las autoridades justificaron la decisión con informes secretos relacionados con supuestos actos contra la seguridad del Estado ecuatoriano. También señaló que la resolución prohíbe el ingreso de Bini a Ecuador durante 10 años.

El proceso penal contra Ola Bini y su permanencia en Ecuador

Ola Bini residía en Ecuador desde 2013. En abril de 2019, las autoridades lo detuvieron y procesaron inicialmente por el presunto delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos. Posteriormente, la Fiscalía reformuló los cargos por presunto acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones.

El 31 de enero de 2023, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha ratificó por unanimidad su estado de inocencia. Los jueces determinaron que las pruebas presentadas no demostraban que Bini hubiera vulnerado los sistemas informáticos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.

Sin embargo, el 5 de abril de 2024, dos jueces de una Sala de la Corte Provincial de Pichincha aceptaron el recurso de apelación que presentó la Fiscalía y revocaron la decisión de primera instancia. El tribunal declaró culpable a Bini por tentativa de acceso no consentido a un sistema informático y le impuso una pena de un año de prisión y una multa.

Posteriormente, otro tribunal suspendió condicionalmente la pena. Antes del procedimiento migratorio, la defensa sostuvo que el proceso penal había prescrito y que las autoridades habían levantado todas las medidas cautelares impuestas contra el ciudadano sueco.

La deportación corresponde a una resolución administrativa distinta del proceso penal que enfrentó Bini. Su defensa cuestionó que las autoridades ejecutaran la medida sin que, según su versión, la justicia resolviera el habeas corpus presentado.

En sus mensajes del 2 de octubre, Bini también explicó por qué permaneció en Ecuador después de enfrentar el proceso judicial. Según dijo, tenía restricciones legales que le impedían salir del país y había construido su vida aquí.

«Muchas personas me preguntan por qué seguía en Ecuador después de todo. Hay dos razones: estaba legalmente prohibido de salir. Y mi vida está en Ecuador. Me gusta vivir en Ecuador. Es mi hogar», expresó.

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