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Las autoridades migratorias ecuatorianas dispusieron la deportación del programador sueco Ola Bini la madrugada del 2 de octubre de 2026. Carlos Soria, abogado de Bini, confirmó que la medida incluye una prohibición de ingreso a Ecuador durante 10 años.
Soria cuestionó la decisión a través de su cuenta de X y sostuvo que una funcionaria administrativa ordenó la deportación inmediata. Según el abogado, las autoridades señalaron que existen informes reservados sobre supuestos actos de Bini contra la seguridad del Estado. Hasta el cierre de esta nota no se conocía un pronunciamiento oficial que detallara los fundamentos de la resolución.
Bini será trasladado a Suecia, pero no cuenta con pasaporte para realizar el viaje. Su defensa inició gestiones con la Embajada de Suecia en Bogotá para obtener un documento de emergencia que permita concretar su salida.
Mientras concluye ese trámite, el programador permanecerá en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, informó su abogado.
Hoy se concretó la vulneración de derechos más arbitraria de la que he sido testigo. Una funcionaria administrativa ordenó la deportación inmediata de @olabini sin ningún motivo o prueba. Todo bajo la excusa de que son informes secretos porque, supuestamente Ola habría cometido… https://t.co/x2nmFXVF2Q
— Carlos Soria (@calilo84) October 2, 2026
La decisión migratoria se conoció horas después de que Bini fuera retenido en Quito y trasladado a las oficinas de Migración. El programador había informado en X que las autoridades le comunicaron la revocatoria de su visa.
Su defensa presentó una acción de hábeas corpus tras la retención. En el pedido ingresado al Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano se señaló que Bini no habría recibido previamente una resolución que justificara el procedimiento.
Ola Bini residía en Ecuador desde 2013. En abril de 2019 fue detenido y procesado inicialmente por el presunto delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos. Posteriormente, la Fiscalía reformuló los cargos por presunto acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones.
El 31 de enero de 2023, un Tribunal de Garantías Penales de Pichincha ratificó por unanimidad su estado de inocencia. Los jueces determinaron que las pruebas presentadas no demostraban que hubiera vulnerado los sistemas informáticos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.
Sin embargo, el 5 de abril de 2024, dos jueces de una Sala de la Corte Provincial de Pichincha aceptaron el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y revocaron la decisión de primera instancia. Bini fue declarado culpable por tentativa de acceso no consentido a un sistema informático y recibió una pena de un año de prisión y una multa.
La defensa recurrió esa decisión y sostuvo, antes del procedimiento migratorio, que el proceso penal había prescrito y que todas las medidas cautelares impuestas contra Bini fueron levantadas. La deportación corresponde a una resolución administrativa distinta de ese proceso judicial.