De subjetivo, errado y sesgado califican los militares el informe de la Defensoría del Pueblo sobre el paro de octubre del 2019

Militares se refirieron este 25 de marzo del 2021 al informe de la Defensoría del Pueblo sobre el paro de octubre del 2019. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

Militares se refirieron este 25 de marzo del 2021 al informe de la Defensoría del Pueblo sobre el paro de octubre del 2019. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

Militares se refirieron este 25 de marzo del 2021 al informe de la Defensoría del Pueblo sobre el paro de octubre del 2019. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

Luego de que se conociera el informe de la Defensoría del Pueblo sobre el paro de octubre del 2019, las Fuerzas Armadas se pronunciaron este 25 de marzo del 2021 y rechazaron el documento en el que se habla de un posible delito de Lesa Humanidad.

La Defensoría del Pueblo denunció al presidente Lenín Moreno, a la exministra María Paula Romo; al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; y a oficiales y exoficiales de la Policía. Pidió que se les prohíba la salida del país.

La mañana de este jueves, los militares dijeron que “los hechos violentos que pusieron en riesgo la seguridad y la integridad de los ecuatorianos, el 3 de octubre del 2019, obligó a que el Presidente expida el Decreto 884, declarando el estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio ecuatoriano (…)”. Dicen que de esta forma se movilizó a las FF.AA., para que apoyen a la Policía.

Además, aseguran que las Fuerzas Armadas realizaron la planificación militar bajo el respeto de los DD.HH., la protección de las garantías y libertades de los ciudadanos.

Indican que en estas tareas solo usaron material y equipo antimotines. “No se disparó un solo proyectil de armamento letal en todo el tiempo que duraron las manifestaciones”.

Los militares indican que ellos fueron agredidos físicamente. “Además, los manifestantes secuestraron al personal militar, destruyeron e incineraron material y equipo militar, causando un perjuicio de unos USD 8,7 millones”.

Por eso -dicen- rechazan “categóricamente” los razonamientos expuestos en el informe de la Defensoría del Pueblo. “Sus enunciados carecen de objetividad y fidelidad. Sus conclusiones son subjetivas, erradas y sesgadas”.

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